Jefes de la Policía Local piden a la delegada del Gobierno que no obstaculice las patrullas de paisano y las prácticas de tiro

En su queja formal, SIPROJEFES critica las cargas administrativas desproporcionadas como comunicar con diez días hábiles de antelación cada desplazamiento para prácticas de tiro, formación o competiciones, lo que «encorseta la capacidad de respuesta y genera un colapso burocrático incompatible con la misión policial».

Según el sindicato policial, la Delegación del Gobierno «se arroga facultades que no son propias al condicionar la formación armada de la Policía Local, vulnerando la autonomía funcional reconocida a estos cuerpos en la Ley Orgánica 2/1986».

Los policías locales se ven sometidos a criterios interpretativos cambiantes y documentos internos de carácter consultivo, con la consiguiente incertidumbre sobre qué actividades requieren permiso previo.

De esta manera se obstaculiza tanto las prácticas de tiro como el patrullaje de paisano, indispensable para inspecciones discretas de venta ambulante, botellón, mercados y atención a colectivos vulnerables, y se perjudica la prestación de servicios de proximidad y la sensación de seguridad de los ciudadanos.

Los trámites crecen sin justificación operativa real, consumiendo tiempo y medios de las policías locales y del propio Estado, sin aportar ningún valor añadido a la protección ciudadana, según SIPROJEFES, que pide a la Delegación del Gobierno que cese estas imposiciones «que carecen de respaldo legal y operan fuera de toda lógica».

En caso contrario, el sindicato advierte que no descarta acudir a los tribunales de justicia para salvaguardar el derecho de la Policía Local a cumplir sus funciones con la agilidad y discreción que requiere la seguridad municipal.

Con esta iniciativa, SIPROJEFES reivindica su compromiso con la seguridad jurídica, la eficacia operativa y la dignificación de los cuerpos de Policía Local en toda la Comunitat Valenciana.