La fiscalía, dispuesta a estudiar rebajas penales para evitar el macrojuicio del fuego de Cortes

El proceso judicial por el mayor desastre forestal de este siglo en España, el incendio de 2012 en Cortes de Pallás, toca ya a su fin. Y posiblemente se zanje sin juicio. Según ha podido saber este diario de fuentes del ámbito judicial, la Fiscalía de Valencia está dispuesta a escuchar a las partes en un intento por alcanzar un acuerdo de conformidad que conllevaría, necesariamente, rebajas penales para los tres acusados.

Como ya avanzó LAS PROVINCIAS, el fiscal coordinador de incendios forestales de Valencia, José Antonio Nuño, pide en su escrito de acusación penas de dos años y nueve meses de prisión para cada uno de los tres acusados: la responsable de una empresa de energía solar y los dos operarios que instalaron unas placas en una caseta de campo de Cortes en un día y una zona de alto riesgo de incendio.

Fue el 29 de junio de 2012. Los trabajadores usaron una radial y soldador. Una chispa generó el desastre. Las llamas avanzaron durante varios días de forma descontrolada hasta arrasar 29.752 hectáreas de terreno, mayoritariamente forestal, en Alborache, Catadau, Carlet, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Llombai, Mascastre, Montroi, Real, Turís, Tous y Yátova. Desde entonces, la Comunitat no ha sufrido un fuego tan destructivo.

Tras análisis periciales que han tardado años, se constataron daños millonarios a más de 500 afectados, entre empresas y particulares. Tras la fase pericial, el juzgado cuantificó desperfectos del fuego por valor de casi tres millones de euros. Y hay que sumar los casi cuatro que corresponderían a administraciones públicas en concepto del daño forestal o el gasto en extinción.

En esta tesitura el fiscal ve "prácticamente imposible" que los acusados puedan responder subsidiaria mente a las indmenizaciones. De hecho, el límite de la póliza de seguro de la empresa acusada era de 750.000 euros, cantidad superada con creces por los daños del fuego.

Si finalmente prospera la vía de la conformidad se evitaría una gigantesca carga de trabajo judicial, pues se trataría de un macrojuicio en el que habría que citar a más de 200 testigos y que podría prolongarse durante varios meses, según las fuentes consultadas.