Desarticulada en Gandia una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas

Una nueva operación conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional ha permitido desarticular en menos de dos meses a una organización criminal que se dedicaba a captar mujeres y a explotarlas a mujeres con fines sexuales en la Comunitat.

En esta ocasión ha sido en una única localidad, en Gandia, donde se estaba obligando a las víticmas, todas de origen sudamericano, a ejercer la prostitución. Durante la investigación se han podido identificar a un total de 38 potenciales víctimas, de las cuales, 6 ya han sido identificadas y han prestado declaración como testigos protegidos.

En la operación han sido detenidas siete personas (seis hombres y una mujer) acusadas de organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia en el año 2024 de una mujer que manifestó haber sido víctima de esta organización. El entramado criminal captaba a las mujeres, principalmente colombianas y venezolanas. En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad sin una alternativa real de mejorar su situación económica y personal.

Los investigados, de origen colombiano, captaban a las víctimas en su país de origen por parte de compatriotas colaboradores de la organización criminal, que servían como enlace para esa primera captación y su posterior traslado y explotación sexual en España. Del mismo modo, los investigados también captaban a mujeres ya residentes en España ofreciéndoles «plaza» en el piso de citas donde, posteriormente, ejercerían la prostitución.

Dos de los investigadoss, una pareja, que se encargaba además de realizar funciones de control en el piso de prostitución, entablaban un primer contacto con la víctima, para posteriormente ser el principal responsable de la organización el encargado de contactar con la mujer a través de video llamada para cerciorarse de que cumplía ciertos requisitos para el ejercicio de la prostitución.

Además, durante la captación, les prometía que ganarían altas cantidades de dinero a través del ejercicio de la prostitución en España, sin llegar a concretar las condiciones reales a las que posteriormente serían sometidas. Las mujeres aceptaban dicha oferta con la esperanza de mejorar su situación económica en su país de origen. Sin embargo, a su llegada a España estas condiciones distaban mucho de la realidad, pues eran sometidas al ejercicio de la prostitución en condiciones de explotación, recibiendo un bajo porcentaje de todos los beneficios generados.

Una vez que las víctimas aceptaban dicha propuesta, la Organización Criminal se encargaba de todo los gastos de viaje: billetes de avión, seguro de viaje, hoteles y les facilitaban los medios económicos suficientes para llegar a España. Antes de viajar, las víctimas recibían un aleccionamiento sobre cómo simular su entrada en España como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto.

A su llegada, las mujeres eran recibidas por el líder de la organización o por una pareja colombiana y eran trasladadas hasta el piso de prostitución ubicado en Gandia donde eran obligadas a ejercer la prostitución en unas condiciones de esclavitud. Trabajaban las 24 horas todos los días de la semana, sin descansos. No podían negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales. Así mismo, si acudía un cliente al piso de prostitución, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni a ningún cliente. Además, las víctimas eran ofrecidas en páginas de contenido sexual, para lo que eran fotografiadas por sus explotadores.

Las mujeres también realizaban servicios fuera del piso. En este caso, siempre se desplazaban con uno de los explotadores y una vez finalizado el tiempo pactado por el cliente, era devuelta al piso prostíbulo para continuar ejerciendo la prostitución allí. De esta forma, la organización controlaba no solo los servicios prestados por las mujeres y la recaudación de sus beneficios, sino también cualquier desplazamiento de las víctimas.

Además, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (cocaína o tusi) con los clientes si éstos lo solicitaban, a pesar de que muchas de ellas no habían consumido dichas sustancias previamente, todo ello con el objetivo de estar más activas y aguantar durante más tiempo, además de complacer al cliente y obtener de este modo mayores beneficios para la organización. Así mismo, los investigados también ofertaban entre los clientes que así lo solicitaran potenciadores sexuales, tipo sildonafil o viagra, todo ello con el fin de obtener mayores beneficios para la organización criminal.

En la organización había varios niveles. En uno de ellos, sus integrantes estaban dedicados a la captación de mujeres (principalmente colombianas) para su posterior acogida y traslado a un piso ubicado en el citado municipio. En el siguiente nivel, otros se dedicaban a ejercer las labores de traslado de las mujeres a los servicios sexuales, mientras que, en el último, los integrantes proveían a los clientes de la casa de citas de sustancias estupefacientes.

Todo se realizaba con el control del principal sospechoso, que establecía un férreo control de las mujeres explotadas sexualmente.

Se obtuvieron indicios que apuntaban a que la organización criminal podría estar cometiendo un presunto delito de blanqueo de capitales según el resultado de las observaciones telefónicas y el análisis de las cuentas bancarias titularidad de los investigados.

En concreto, estaría realizando transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales de criptomonedas, y derivando el dinero obtenido de la actividad a ilícita a otros países como Bulgaria, donde estarían adquiriendo bienes muebles e inmuebles. De igual forma, figuraban en situación de alta como autónomos en diferentes actividades laborales, aparentemente lícitas, como talleres mecánicos, destinados también a blanquear los beneficios obtenidos de la actividad de la prostitución.

Durante la investigación se pudo conocer que los miembros del entramado pretendían expandir su actividad y poner en funcionamiento nuevos pisos de prostitución en Gandía, hecho que no llegó a producirse gracias al operativo policial.

Fruto de la operación han sido detenidos 6 hombres de entre 35 y 54 años y nacionalidades búlgara y rumana, y una mujer de 20 años y de nacionalidad colombiana. Se les atribuyen los siguientes delitos: organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y aparejada a blanqueo de capitales, tráfico de drogas, detención ilegal, relativos a la prostitución y contra los ciudadanos extranjeros.

También se han realizado siete registros en los que se han incautado 15.870 euros en efectivo, 14 teléfonos móviles, una cámara de video vigilancia, una micro sd, libretas de anotaciones y documentación incriminatoria relativa a los delitos investigados, billetes de renfe, 2 relojes, billetes de moneda colombianos, venezolanos y búlgaros, un ordenador portátil, 11 coches, así como diversas sustancias estupefacientes (32 gramos de cocaína y 15 monodosis de tusi). Además, 250 pastillas de sildenafil (viagra) y otras sustancias anabolizantes y material de inyección.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del EMUME de la Guardia Civil (Equipo Mujer Menor) junto con el Grupo I de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos (BCTSH) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Grupo I de la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga, Policía Nacional.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Gandía.

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