El Seprona destapa el contrabando de 10 toneladas de gases contaminantes en Valencia

Un agente del Seprona de la Guardia Civil, juntos a los gases almacenados./LP
Un agente del Seprona de la Guardia Civil, juntos a los gases almacenados. / LP

La Guardia Civil investiga a 10 personas que gestionaban de forma irregular 10 toneladas de residuos peligrosos para comercializarlos en lugar de eliminarlos

Javier Martínez
JAVIER MARTÍNEZValencia

Una operación de la Guardia Civil en defensa de la capa de ozono ha destapado la exportación ilícita a Panamá de 10 toneladas de gases contaminantes por parte de una empresa de Valencia que distribuía sustancias refrigerantes. La firma investigada gestionaba de forma irregular residuos peligrosos y los comercializaba en lugar de eliminarlos a través de un gestor autorizado.

Bajo la instrucción de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició una investigación hace dos años tras detectar la exportación irregular de gas refrigerante R-22 con destino a Panamá. Después de realizar las averiguaciones oportunas, los agentes localizaron una empresa en Valencia que eludía su deber de informar a la Comisión Europea sobre las exportaciones reales que efectuaba y los datos de almacenamiento de gases refrigerantes.

Asimismo, tampoco comunicaba a la Generalitat Valenciana la realidad sobre los gases recuperados y los destruidos, y realizaba operaciones de exportación bajo la denominación de gas refrigerante HCFC-22 regenerado, pero carecía de la preceptiva licencia de exportación concedida por la Comisión Europea.

Según las investigaciones, la empresa reenvasaba los líquidos refrigerantes que tenía que haber gestionado como residuos peligrosos y no confeccionba el oportuno registro documental. El Seprona estima que exportaron de forma ilegal unos 10.000 kilos del gas, bajo la denominación de regenerado y sin tener autorización ni capacidad en sus instalaciones en Valencia para conseguir esta clasificación.

El contrabando de estas 10 toneladas de R-22 durante el año 2015 habría supuesto un beneficio económico de entre medio millón y un millón de euros. La operación del Seprona se ha saldado con la investigación de 10 personas, entre las que se encuentran el gerente y los trabajadores de la empresa, por un delito contra la seguridad colectiva, fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales.

El 1 de enero de 2015, la Unión Europea prohibió la introducción en el mercado y uso de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) en cualquiera de sus estados (puro, reciclado o regenerado), por lo que este tipo de gases están sujetos a un estricto control. La operación de la Guardia Civil coincide con un estudio de la ONU que pone de manifiesto que la contaminación atmosférica continúa produciendo estragos en la salud de los seres humano. Europol, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat colaboraron con los investigadores del Seprona para destapar la trama de contrabando.