Un agente aduanero y una transportista, investigados por la red del guardia civil implicado en una trama de narcos en el puerto de Valencia

Los dos han sido también parte de los seguimientos y marcajes fotográficos que los guardias civiles han hecho de la trama investigada, por la que se hallan en prisión el exresponsable de la lucha antidroga en el puerto y el máximo cabecilla de la banda.

El agente aduanero, E. M. G., y la transportista, P. C. P., ambos con residencia en Valencia, están vinculados con una importante empresa de movimiento de contenedores con oficinas en varios puertos de España, así como en Sudamérica, continente del que llegaban los contenedores con droga que entraban por Valencia. La firma no guarda relación alguna con la operación pero serían las bambalinas aprovechadas por los supuestos implicados en la trama.

Especialmente severa es la sospecha que la Fiscalía Antidroga lanza contra el agente aduanero, que además posee antecedentes penales por un delito de malos tratos y otro de quebrantamiento de condena, así como un juicio por romper una orden de alejamiento. Este aprovechaba un «contacto en la empresa transitaria para realizar las labores de intermediación entre las empresas importadoras y exportadoras, facilitando de ese modo la introducción de la sustancia estupefaciente en líneas seguras de importación». Y ese contacto, según las diligencias, sería la transportista investigada. Esta, también con delitos, en este caso por tráfico de drogas, como aparece en la causa.

El seguimiento de Asuntos Internos permitió detectar algunas reuniones del agente de aduanas con Guillermo T., el presunto capo de la red. En una de esas reuniones los agentes observan como el primero entrega con disimulo al cabecilla «un objeto rectangular de color negro que por sus características bien podría ser un teléfono móvil».

Las precauciones de la red en sus comunicaciones quedó demostrada con el hecho de que Jesús Fernandez Bolaño usará siempre teléfonos con tarjetas SIM de Países Bajos y llamadas por módem portatiles para esquivar las escuchas, como ya publicó LAS PROVINCIAS. Aunque estas acabaron produciéndose durante varios meses por parte de la Guardia Civil.

La vigilancia del exagente llegó a hacerse incluso mediante la instalación de un GPS en el Mercedes del sospechoso. Los agentes llegaron incluso a pedir una copia maestra de la llave del vehículo del investigado para colocarlo de manera segura en el turismo y dar fe de los movimientos del guardia civil ahora preso.

La querencia de la banda por los vehículos de lujo queda demostrada por una de las empresas puestas por los investigadores en el foco de la causa por su relación con Guillermo T. Con sede en Ontinyent y con sede social en una nave industrial «con cámaras de vigilancia y sin ningún tipo de inscripción que identifique actividad comercial en la misma». Pues a nombre de esta empresa, los agentes han identificado hasta 14 vehículos a su nombre. Algunos de alta gama: un Porsche Cayenne, un Maserati, tres Audi A8, Q5 y otro RS3, otros tres BMW (X2, M4 y x1) o un Mercedes GLC 300D. Una muestra del disparado tren de vida que llevaban los señalados como miembros de la red.