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Arturo Checa y Alicia Negre
Valencia
Viernes, 6 de junio 2025, 00:41
Era escurridizo, ducho en tomar precauciones y muy hábil con tal de esquivar la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad. Empleaba móviles dados de alta ... en países europeos como Holanda. Empleaba módems portátiles, más difíciles de localizar en triangulaciones de las antenas de telefonía. Y siempre se comunicaba empleando el wifi como medio, también más complejo de rastrear por los aparatos de pinchazos telefónico. Pero nada le valió a Jesús Fernández Bolaño, el guardia civil que era responsable de la vigilancia antidroga de Valencia, para escapar de la acción de la ley y acabar preso como presunto cómplice de una gran red de tráfico de cocaína.
LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a la querella con la que la Fiscalía Especial Antidroga, la más especializada en la materia y con sede en Madrid, detalla la acusación contra el acusado. Y además detalla las técnicas que desplegaba para eludir los pinchazos telefónicos.
El Ministerio Público señala como «indicio altamente significativo» que el antiguo mando de la Guardia Civil y el presunto traficante de drogas con el que colaboraba, Guillermo T. (con el que los agentes de Asuntos Internos le hicieron numerosas fotos en reuniones) hicieran uso de «varios terminales móviles que utilizan tarjetas telefónicas dadas de alta de Países Bajos».
La querella incide en que sus comunicaciones se producían a través de wifi y por tanto con módems portátiles, evitando las interceptaciones telefónicas. El documento ya ha sido remitido a un juzgado central de instrucción contra Fernández Bolaño y otros cuatro investigados por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y cohecho.
Los trucos del exresponsable de la vigilancia en el puerto de Valencia no impidieron que la Benemérita registrara conversaciones en las que el acusado pedía por ejemplo al dueño de un bar que lo colocara en un lugar discreto. «Voy de uniforme, ¿me escondes», como consta en las diligencias. Y es que el exagente acudía a muchas citas con los presuntos miembros de la red en uniforme y usando el coche patrulla oficial para da una imagen de empaque y autoridad ante la banda, como subrayan los investigadores.
Sus muchos teléfonos y tarjetas tampoco impidieron que la Guardia Civil detectara como exhibía su alto poder adquisitivo. En una llamada, como ya adelantó LAS PROVINCIAS, hacia gala de que tenía casi 300.000 euros fácilmente para pagar «en mano» un piso.
El Ministerio Público entiende que la investigación desplegada hasta la fecha por la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil permite apreciar indicios de la existencia de una organización criminal encaminada al tráfico ilegal de drogas que cuenta «con una red de apoyo y seguridad en los puertos» proporcionada por Fernández Bolaño y otros trabajadores de Aduanas «que actúan también en connivencia e integrados en estas tareas de favorecimiento y seguridad de la organización».
La Fiscalía destaca que la posición de jefe de la sección fiscal del puerto valenciano sitúa a Fernández Bolaño «en una posición privilegiada de acceso a la información y control de posibles investigaciones policiales» en esas instalaciones. Subraya que también «es capaz de acceder de forma privilegiada a informaciones sobre operaciones comerciales y actividades logísticas de las empresas, lo que le permite compartir la información y favorecer la introducción y el rescate de sustancias estupefacientes en los contenedores» del puerto.
La supuesta implicación de Fernández Bolaños con el mundo del narcotráfico parte de su vínculo con el supuesto traficante Guillermo T., que el Instituto Armado coloca al frente de una banda dedicada a mover grandes alijos de 'coca'. Los investigadores destacan, en las páginas de sus informes, el «vínculo férreo e innegable» existente entre ambos.
El abogado Vicente Sanmartín, que se encarga de la defensa del capitán Fernández Bolaño, remarca que la acusación contra su cliente se sustenta únicamente en «hipótesis y fantasías». Tras el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones -concretamente de cuatro informes y de la querella presentada por la Fiscalía–, el letrado remarca que «todo está sustentado en temas absolutamente subjetivos».
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