Ni viviendas ni plazas de garaje: el nuevo objetivo de los okupas en España

Durante años, el fenómeno de la okupación ha estado vinculado principalmente a viviendas deshabitadas y, más recientemente, a plazas de garaje. Sin embargo, la realidad está cambiando y los okupas están ampliando su campo de acción. El nuevo foco de conflicto se sitúa ahora en el entorno rural, donde comienzan a proliferar los casos de ocupación de casetas de aperos, unas pequeñas construcciones ubicadas en terrenos agrícolas o fincas, pensadas para almacenar herramientas o como refugio temporal durante el trabajo en el campo.

Este tipo de inmuebles, habitualmente en mal estado, sin servicios básicos como agua o electricidad, y que no están diseñados para ser habitados, se han convertido en una opción para quienes buscan instalarse sin ser fácilmente desalojados. La razón de esta tendencia reside en una laguna legal: la indefinición sobre si estas estructuras pueden ser consideradas viviendas a efectos penales.

A diferencia de lo que ocurre con una vivienda habitual, el acceso a las casetas de aperos no siempre se realiza forzando cerraduras. Muchas veces están en ruinas, abiertas o sin puerta, lo que facilita la entrada sin necesidad de violencia. Esta circunstancia ha sido clave en la jurisprudencia, que en algunos casos no lo considera un delito contra la propiedad privada, al no haber 'invasión' de domicilio ni daño relevante.

El problema no es menor. Estas ocupaciones no suelen estar relacionadas con la necesidad habitacional, sino con la oportunidad. Algunas de estas casetas cuentan con colchones, sillones y estructuras básicas que permiten un uso prolongado como refugio o asentamiento temporal. Aunque parezca anecdótico, cada vez son más frecuentes los casos en los que los propietarios se encuentran con ocupantes que se niegan a salir, y que se escudan en la falta de condiciones mínimas del inmueble para evitar el desalojo.

El avance de este tipo de ocupaciones ha dejado a muchos dueños de fincas en una situación de indefensión. Las fuerzas de seguridad solo pueden actuar si se dan determinadas condiciones, y la justicia penal no siempre ofrece soluciones rápidas ni eficaces. Aunque la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite tramitar estos casos por juicios rápidos, la interpretación judicial en torno a la habitabilidad del inmueble puede tumbar cualquier intento de sanción.

En este contexto, la ausencia de una regulación clara y una jurisprudencia desigual refuerzan la sensación de inseguridad jurídica. Por ahora, el campo ha dejado de ser un refugio tranquilo para convertirse en la nueva frontera del conflicto entre propietarios y okupas.

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