PERFIL | Marzà, el independentista que aspira a destronar a Oltra

La anécdota denotó una desconfianza que se confirmó poco después atendiendo a los pasos que fue dando el conseller más ideológico del Botánico, en lo personal y en lo profesional, que encontró en la concertada a su primera y principal oposición. 

Diputado por Castellón, llegó a la sede de Campanar de manera accidental, pues en las primeras quinielas el Bloc apostó muy fuerte por la inspectora Gràcia Jiménez. Finalmente se impuso el criterio de Oltra de buscar un perfil distinto, en principio más sosegado, y entonces de su entera confianza. Ahora, cosas de la vida y la política, es la figura que mayor sombra proyecta sobre su persona.

El borrado de tuits el mismo día en que se conoció su nombramiento (alguno quedó a favor de la independencia de Cataluña), la publicación de sus declaraciones previas planteando la unión de la Comunitat al utópico nuevo estado o sus palabras en sede parlamentaria -«se ha acabado la barra libre de conciertos»- dieron pistas de su vertiente más dura y soberanista.

Como ejemplo ahora nada casual, el pasado sábado participó en la manifestación organizada por Acció Cultural del País Valencià con motivo del 25 de abril, recordando en redes sociales el legado de Joan Fuster y coincidiendo con Quim Torra, que también asistió. Gestos y decisiones que deslizan que la llama, en lo personal, sigue viva. Pese a que su posición en el Bloc se ha vinculado en los últimos tiempos con el sector más social. Para los profanos, más cercano a la izquierda de la izquierda, a Podemos y sus partidos satélite.

Su trayectoria en lo educativo se puede dividir en dos fases, con un punto de inflexión durante la pandemia. La primera fue especialmente dura. De aquella época derivaron al menos 43 sentencias contrarias a sus políticas, la gran mayoría por recursos de familias y centros contra los recortes de conciertos, especialmente en Bachillerato, todos ellos revertidos. Además, en 2016 y 2017 el Consell de Ximo Puig vivió las manifestaciones más multitudinarias contra sus políticas, espoleadas por el sector. Ni la reivindicación de la financiación autonómica sumó tantas adhesiones.

La justicia también tumbó el primer modelo lingüístico del Botánico, el que vinculaba la mayor exposición al valenciano con certificados oficiales, automáticos y más altos en inglés. Sufrió una primera mutilación tras una sentencia del TSJCV a raíz de un recurso del CSIF por lesionar el derecho a la igualdad del alumnado castellanoparlante, y otras impugnaciones posteriores contra la norma (terciaron también organizaciones de padres y el PP a través de la Diputación) dieron la puntilla a un decreto que finalmente se derogó, siendo sustituido por la Ley de Plurilingüismo.

La exclusión del alumnado de las universidades privadas de las becas del Consell, el tratamiento de la asignatura de Religión en los centros, el pago de sexenios al profesorado de la materia o la anulación parcial de la primera normativa sobre la jornada continua (por una cuestión formal que dejó sin efecto los cambios en dos centros) son otros ejemplos en los que los tribunales han enmendado sus políticas. Por contra, sí las han confirmado en relación a la eliminación del distrito único, las ratios especiales en 1º de Infantil o la gratuidad selectiva en las guarderías, cuestiones que también fueron judicializadas desde el sector concertado y privado.

En cuanto a la Ley de Plurilingüismo, no ha llegado a ser cuestionada, aunque sobre la misma planeó un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno que no prosperó tras la moción de censura contra Rajoy, lo que permitió en 2018 deshacer el modelo lingüístico heredado del PP transformando el peso de las lenguas oficiales en la enseñanza, una aspiración capital del conseller para discriminar de manera positiva el valenciano.

En la práctica se ha reducido la exposición al castellano, a nivel global, a los niveles más bajos de las últimas décadas. Los colegios de Infantil y Primaria de la Comunitat que vehiculan mayoritariamente en la lengua estatal se han reducido a la mitad, y en Secundaria, donde se aplicó completamente el curso pasado, el único dato oficial conocido es que ya marca el aprendizaje del 60% del alumnado.

Con la pandemia se impuso la gestión, planteando un trato de igualdad en cuanto a la dotación de recursos extraordinarios a todos los centros sostenidos con fondos públicos, reconocido y alabado por la concertada, o adelantándose en la aplicación de protocolos y en la dotación de dispositivos electrónicos a familias sin recursos para afrontar el confinamiento. Deja pendiente que la red tenga la misma consideración en otras reivindicaciones que ya son endémicas, como disponer de auxiliares de inglés pagados por la administración para aplicar la Ley de Plurilingüismo, como sucede en la red pública. Y también la publicación de la nueva organización curricular derivada de la Lomloe, complejísima y que seguro levantará cantidad de críticas.

No se le pueden negar éxitos en el ámbito educativo, como la mejora de las infraestructuras escolares, que avanza lenta pero con pasos decididos, ni su preocupación por el aspecto más social de la educación. Libros gratuitos, más becas de comedor completas (y universitarias durante su primer mandato), ayudas para cursar ciclos de FP o plazas de dos años sin coste para las familias son algunos ejemplos. También se ha incrementado el número de profesores pese a la caída de la natalidad, aunque tiene que solucionar algunos flecos clave, como acabar con las disfunciones en la atención al alumnado con necesidades especiales.

Vicent Marzà no es una pieza de perfil bajo en el Consell. Ni mucho menos. Ocupaba la conselleria que, junto con Sanidad, tiene mayor peso económico en los presupuestos.

Su perfil es radicalmente diferente al de Mónica Oltra. Durante estos casi siete años en el Consell el dirigente del Bloc, ahora Mes Compromís, ha tratado de esconder -y en parte lo ha logrado- esas aspiraciones que suenan a ruptura del Estado. El Bloc es el partido 'fuerte' de la coalición, aunque Iniciativa, la formación de Oltra, es la que ofrece el tirón electoral con la vicepresidenta.

Marzà ha conseguido una buena relación con el presidente Ximo Puig, quizá el nexo más poderoso del PSPV con sus socios. Ese vínculo ha generado en no pocas ocasiones los recelos de Oltra, que se ha visto escorada como principal interlocutora del partido. Algo que la vicepresidenta no ha encajado. Y en todo este escenario no se puede obviar que la decisión de Marzà la coloca otra vez en el punto de mira. ¿La debilidad política de la vicepresidenta al estar al borde de la imputación le ha impulsado a dar el paso? Es un relato verosímil.

Antes no había cambios previstos de Compromís en el Consell. Ahora, de momento, ya hay uno obligado. ¿No sería el momento de introducir también el nombre de Oltra en esas quinielas de cambios en cuanto a liderazgos?, pueden pensar algunas voces del partido.

Marzà no rehúye el protagonismo a nivel orgánico. En noviembre de 2019 ya se postuló como una alternativa para liderar Compromís. «Si los compañeros quieren lo que haga, lo pensaré», dijo en uno de los habituales desayunos en foros de opinión. Parece que dos años después, y unas horas más tarde de que la consellera Bravo presionara a Oltra con un posible abandono, ha recuperado este proyecto.

El futuro de Marzà pasa ahora por la política dura, lejos de la gestión y de las aulas, pese a que varias veces ha dicho que le gustaría volver. Su plaza de maestro de inglés en el colegio Gaetà Huguet de Castellón, que visitó la pasada semana, tendrá que seguir vacante. Y parece que por mucho tiempo.