El tripartito vuelve a chocar por el requisito del valenciano: el PSPV propone uno blando y Compromís endurecerlo

Pero, este lunes la comisión de Competencia Lingüística formada por expertos y cargos políticos, que debía redactar el reglamento que debe detallar el nivel de valenciano exigible ha entregado a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, sus conclusiones finales. Al personal de más alto nivel (los denominados grupo A) se les plantea la exigencia de un nivel C1 de valenciano (el mitjà) o incluso B2 (el antiguo elemental), el mismo que se solicitará a los auxiliares administrativos de la Generalitat. Por contra, a los opositores a profesores se les exigirá tener en su posesión el título de C1 de valenciano.

Sin embargo, ahora la pelota queda en el tejado de la Conselleria de Justicia, en manos del PSPV, que será la que deberá redactar el reglamento final, una vez conocida la opinión no vinculante de los expertos. El grupo de trabajo ha estado formado por Emili Sampio, subsecretario de Presidencia, Belén Cardona, exsubsecretaria de Justicia, Miguel Soler, secretario autonómico de Educación, David Alfons, director general de Función Pública, Vicent Serra, Subdirector de Justicia, Rubén Trenzano, director de Política Lingüística, Eva Coscollà, subsecretaria de Educación, Gemma Lluch, catedrática de Filología catalana, Antoni Mas, profesor de sociolingüística, y Gracia Mateu subdirectora del IVAP.

En el informe de la comisión de expertos, al que ha tenido acceso este diario, incluso se ofrece información sobre qué persona ha votado qué y se evidencia que los expertos se han dividido en dos a la hora de determinar el nivel de valenciano exigible. En concreto, los cargos socialistas o cercanos a la conselleria (Sampío. Broseta, en sustitución de Cardona, Lluch, Gracia y Soler) han sido partidarios de que los altos funcionarios sólo necesiten el nivel de capacitación mínimo, que se obtiene una vez cursado el bachillerato. En el caso de los más cercanos a Compromís (Alfonso, Coscollà, Mas y Trenzano), abogan por elevar el requisito al mitjà o C1.

La decisión, que ahora deberá resolver Justicia en el decreto que desarrolle ese reglamento, ha soliviantado a Compromís, que este mismo lunes ha enviado un comunicado en el que muestra su decepción. Así, Nathalie Torres, diputada de Compromís en Les Corts y portavoz en materia de política lingüística, ha manifestado el desacuerdo de la coalición con la propuesta de los socialistas de exigir únicamente el nivel B2 al alto funcionariado de la administración valenciana.

A ojos de Compromís «es profundamente incoherente que exista pleno acuerdo en la capacitación lingüística del profesorado de educación infantil, por ejemplo, a quién se le exige el nivel mitjà de valenciano, pero que en cambio se proponga un nivel inferior para personal que ha ser competente para entender y redactar informes de alto valor administrativo».

«Consideramos que la única forma de respetar el mandato del Estatut d'Autonomia, que promulga que la administración ha de adoptar las medidas necesarias para asegurar el uso normal y oficial de las dos lenguas oficiales es avanzar en la situación actual y marcar un requisito mínimo a quien accede a los más altos puestos de la administración», afirma Torres.

En este sentido, desde Compromís aseguran que «existe un consenso entre agentes sociales, universidades y entidades cívicas en que no se puede exigir un mismo requisito entre quien accede a un puesto catalogado como C2 (auxiliares administrativos) que quién accede a un puesto A1 (cuadros técnicos especializados con titulación universitaria)».

Según Nathalie Torres, «de cumplirse con la propuesta de los socialistas, seríamos la única comunidad autónoma que no exige el nivel mitjà de la lengua propia al alto funcionariado. Eso incluye Galicia, gobernada desde hace años por el Partido Popular».