El tribunal tumba el intento del sobrino de Blasco de anular su causa por corrupción

El escrito que se ha dado a conocer descarta que la investigación se pusiera en marcha sin indicio alguno de conductas delictivas y con una finalidad exclusivamente prospectiva. Por el contrario. La Audiencia considera que la querella origen de la investigación detallaba las distintas mercantiles implicadas, las personas vinculadas con las mismas y las numerosas adjudicaciones públicas realizadas. Además, detalla, «aporta indicios de posibles irregularidades en la contratación que sustentan las imputaciones, indicios que resultan de las diligencias de investigación de la fiscalía, para terminar interesando la práctica de diligencias de comprobación».

Por eso, la Audiencia concluye que lejos de tratarse de una investigación prospectiva, «se trata de una investigación cuyo objeto está perfectamente delimitado y éste, tal y como se describe en la querella, reviste caracteres de delito, existiendo, además, una línea de investigación cuyo seguimiento interesa el Ministerio Fiscal y para cuya práctica solicita la colaboración de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, de la AEAT y de la UDEF», en la que el juez instructor ha realizado «una labor de cribado de las diligencias de instrucción interesadas por la fiscalía en los momentos iniciales de la investigación judicial con la finalidad precisamente de excluir investigaciones prospectivas».

Y añade: «La pretensión de que desde el mismo acto judicial de incoación del procedimiento instructor queden perfectamente definidos los hechos sometidos a investigación, e incluso las calificaciones jurídicas de los delitos que pudieran constituir tales hechos, no es aceptable».

La denuncia partió de diputadas de EU que, en opinión del abogado de Sergio Blassco, no contiene ningún dato delictivo más allá de citar el carácter político de la familia o al empresario Augusto César Tauroni. La querella incluía otros aspectos como la construcción de dos hospitales de Perú o el programa Abucasis, de control de los historiales médicos. Estas dos piezas fueron archivadas tras respectivos informes policiales. Sólo esta investigación es la que ha llegado a la vista oral. «Ha sido una inquisición general», resumió.

La Fiscalía, por su parte, negó que la investigación fuera prospectiva y recordó que la Audiencia ha ido ratificando el avance de las pesquisas durante la instrucción. La representante del ministerio fiscal recordó que la denuncia apunta a un entramado financiero ligado a dos empresarios que fueron relevantes adjudicatarios del consorcio del Hospital General. «No habla de prevaricación, pero da indicios», precisó la fiscal. Se refirió, por ejemplo, a un informe de auditoría que señala que en varios procesos de adjudicación no constan determinados requisitos.

La trama de desvío de fondos del centro sanitario, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, supuestamente funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros a la Conselleria de Sanidad.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez. Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los dos estadios superiores de la trama.