El Gobierno de Sánchez no quiere ni oír hablar de la infrafinanciación valenciana
El Ejecutivo impide que el Congreso debata una proposición de ley de Compromís para cambiar el reparto y que la Comunitat recibiese del Estado 2.000 millones más para evitar seguir generando deuda
BURGUERA
Martes, 11 de octubre 2022
El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere, literalmente, ni oír hablar de la financiación, de cambiar el sistema de reparto. Ante una proposición de ley presentada por Compromís en el Congreso con el fin de modificar la actual situación que deja a la Comunitat como la región más perjudicada del país en la distribución de fondos, el Ejecutivo central ha ejercido su derecho a veto al expresar la «disconformidad del Gobierno respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, presentada por el Grupo Parlamentario Plural». Es decir, que de la financiación, ni hablamos.
Así lo ha avanzado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, esta mañana en una comparecencia junto a la portavoz de la coalición nacionalista en Les Corts, Papi Robles. La síndica ya presentó hace unas semanas esta misma proposición a los grupos parlamentarios en Les Corts con el objetivo de intentar tejer alianzas. De poco les ha valido en el ámbito legislativo nacional. Ante la «disconformidad» del Gobierno, la Mesa del Congreso ha decidido, «en virtud de lo dispuesto en los artículos 134.6 de la Constitución y 126.2 del Reglamento de la Cámara, acordar que no procede la toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de Ley». Carpetazo, buena suerte y buenas noches.
Baldoví, abonado al 'no'
Hasta la próxima, Baldoví, que parece abonado al 'no' de un Gobierno que arrancó gracias, precisamente y entre otras cosas, al voto del diputado de Compromís, condicionado a que en los ocho meses posteriores (hablamos de enero de 2020) se empezaría ya a negociar sobre la financiación. Estamos ya a finales de 2022. Tras la pandemia (antes fue el conflicto independentista), ahora el asunto al que el Gobierno da prioridad es el desbloqueo de la renovación del CGPJ. El cambio de la cúpula judicial es el tema conversación de la gente en el autobús y el metro, según una ministra muy asidua a escuchar conversaciones que se producen en transportes públicos que, de continuar sin la financiación adecuada, la Comunitat deberá seguir endeudándose para pagarlos. Pero de eso, de la infrafinanciación, no se habla en el autobús. Ni en el Congreso.
El motivo de la negativa a debatir su propuesta, según el propio Baldoví, es que el Gobierno ha empleado la prerrogativa del veto frente a su propuesta, ya que por ley puede oponerse a que se tramite cualquier iniciativa que suponga un incremento del gasto. En el caso de la iniciativa de Compormís, el cambio del sistema implicaría una mejora de los ingresos de todas las autonomías de unos 21.000 millones de euros, de los cuales algo más de 2.000 llegarían a la Comunitat, la región con un endeudamiento más alto de España en relación a su PIB.
Plan B
Baldoví y Robles han activado el plan B. O sea, presentar su propuesta en Les Corts y a ver si aquí tampoco se quiere debatir por parte de sus propios socios, PSPV y Podemos, que integran el Gobierno que ha vetado el debate en el Congreso. Mientras, en el Consell, unas veces es que no y otras que sí. Mientras que Puig dio por financiada la Comunitat el pasado 27 de septiembre durante el debate de política general, el pasado 9 de octubre rescató la reivindicación. Ahora, el líder socialista tendrá la oportunidad de aclarar la posición o dar un nuevo bandazo.
El objetivo de presentarla en el parlamento valenciano es que sea la Cámara autonómica la que envíe al Congreso la misma propuesta para así sortear «el veto del Gobierno», según indica Compromís en un comunicado en el que Baldoví defendió que su iniciativa cuenta con tres puntos fundamentales. En primer lugar que el criterio de reparto sea el de la población de derecho (tantos somos y a tantos tocamos), que los fondos se unifiquen y no haya de tantos tipos que sea imposible determinar de cuánto dinero real se dispone, y finalmente, que se compense la deuda histórica de la Comunitat, que crece año a año porque el Gobierno se niega a corregir el reparto y prefiere actuar como 'padre acreedor' de los valencianos. El diputado de Compromís pone al mal tiempo buena cara y asegura que seguirá reclamando la financiación «con esperanza» a pesar de que el Ejecutivo de Sánchez no envía ni la más mínima señal de que tenga ni la más remota intención de cambiar la situación.
