Salinas afirma que no ordenó destruir ningún documento de Turismo Valencia

El exresponsable de la Fundación admite que adquirieron trituradoras y la subdirectora dijo que el abogado les prohibió eliminar papeles

EFE

valencia. El exdirector gerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas, que declaró ayer como investigado por la supuesta financiación ilegal del PP de la ciudad de Valencia en el marco del caso Imelsa, admitió que se compraron dos trituradoras de papel pero negó haber dado órdenes para destruir documentos.

Salinas dijoo que no sabe por qué se compraron las dos trituradoras, que en eso «no se metía», y que delegó la responsabilidad de decidir qué documentos se destruían a los órganos directivos de cada departamento, según fuentes del proceso.

La declaración de Salinas fue dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia tras conocerse un informe que indicaba que antes de las elecciones municipales la Fundación ordenó comprar dos máquinas trituradoras de papel y contrató a una empresa experta en destrucción de documentos.

Los investigadores sospechan que desde varias empresas adjudicatarias de contratos públicos y desde varias fundaciones se pudo desviar fondos, con pagos por trabajos inexistentes, para pagar actos de la campaña electoral del PP de 2007, organizados por la firma Laterne.

Salinas reconoció que contrató a Laterne para elaborar un plan estratégico de promoción turística pero que no recordaba los detalles. Las mismas fuentes consideraron «curioso» que no conociera detalles de Laterne y «muy raro» que no exista ningún contrato ni facturas de esta empresa.

También fue preguntado por un contrato de la Fundación, con facturas en tres pagos de medio millón de euros cada una de 2007, con una empresa formada por la Fundación y la Generalitat también para la promoción de la ciudad, aunque tampoco aclaró esta contratación.

Por su parte, La subdirectora de gestión, Loles Edo, también como testigo, reconoció que los abogados de la Fundación recomendaron no destruir ninguna documentación contable de los años 2006 a 2009 por estar inmersa la entidad en un procedimiento judicial, aunque tampoco ha aclarado si se siguió esa recomendación.

La jefa de contabilidad de la Fundación declaró como testigo y señaló que existía una pequeña trituradora pero en 2015 se compraron dos grandes, además de asegurar que las facturas con la empresa mixta Fundación-Generalitat por 1,5 millones no pasaron por sus manos.

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