Chequeo a las consellerias: Héctor Illueca, mucho ruido y pocas nueces

Alabado por Pablo Iglesias de manera pública en diferentes ocasiones, Héctor Illueca se ha convertido en una de las voces más críticas de la izquierda valenciana. O, al menos, se ha erigido con este perfil especialmente tras ser elegido candidato a la presidencia de la Generalitat para las próximas elecciones. El pasado mes de enero protagonizó la cruzada política –iniciado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra– contra los supermercados al acusarlos de «capitalimo despiadado» y de hacerse «de oro a costa de la crisis».

Inspector de Trabajo y Seguridad Social y Doctor en Derecho, Illueca fue diputado en Les Corts en la XIII y XIV legislaturas. Antes de ser conseller, fue director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2020 y 2021. Su sueldo este 2023 es de 66.311,28 euros y su conselleria cuenta con un presupuesto de 402,3 millones de euros.

Bajo su batuta, se ha aprobado el decreto de movilización de viviendas vacías, que llevaba tiempo trabajándose desde la conselleria, en el marco de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada en la anterior legislatura con la entonces consellera Maria José Salvador (PSPV). Esta norma contempla un registro de inmuebles vacíos, que en la Comunitat se sitúan en cerca de 400 actualmente, pero que no entró en vigor hasta octubre de 2022, un año después de que se aprobara el decreto.

Este registro permite a la Generalitat sancionar a los grandes tenedores (aquellos con más de diez viviendas) que mantengan sus propiedades deshabitadas más de un año. Sin embargo, no es hasta este mes, cuando la Generalitat comenzará a multar a los propietarios que incumplan la ley, que se hizo esperar más de lo deseado pese a que ya se hablaba de ella en 2017. Del mismo modo, se ha hecho de esperar el registro de grandes propietarios, que pone el foco sobre los fondos y persigue los abusos hacia inquilinos. Este decreto vio la luz el pasado mes de febrero.

Y es que, a esta conselleria no se la puede acusar de inmovilismo, aunque sí ha adolecido, como pasa en otras áreas, de retrasos y falta de resultados. Estas demoras se producen en una coyuntura de especial urgencia, debido a la emergencia habitacional que sufre la Comunitat ante el difícil acceso al alquiler y la compra.

Una de sus medidas más polémicas fue el derecho de tanteo y retracto, aprobado en 2020 con Dalmau, cuyo objetivo era ampliar el parque público de la Generalitat mediante la adquisición preferente a precios muy por debajo del mercado frente a otros compradores. Este mecanismo le ha permitido ampliar en más de 1.200 viviendas en los últimos cuatro años. Sin embargo, hay una necesidad de en torno 200.000 pisos de alquiler en la Comunitat y un total de 13.400 son demandas de vivienda pública.

Luego, están las iniciativas que se anunciaron a bombo y platillo y que luego, poco se ha sabido de sus resultados. Es lo que ha sucedido con el mapa de precios del alquiler, que establecen unos índices de referencia en las zonas más tensionadas con la idea de que los propietarios se ajusten a ellos a cambio de unos beneficios fiscales. El mapa existe, pero no está surtiendo el efecto deseado. Mientras tanto, las ayudas al alquiler, así como el bono joven, se quedan cortas ante la cantidad de solicitantes. Además, están limitadas a alquileres que no superen los 770 euros mensuales en Valencia, un requisito poco realista.

La Conselleria de Vivienda queda marcada por un perfil continuista respecto a la legislatura anterior, que ya trabajaba en un cambio de modelo. Pese a sus esfuerzos, la cantidad de vivienda social ronda el 0,7% del total, a años luz de la media europea, superior al 12%. Según indican distintas voces expertas como la Cátedra de Vivienda, la solución pasa por construir vivienda pública.