Vox renuncia al grueso de sus propuestas y da a PP y Ciudadanos el Gobierno de Andalucía

Firma del acuerdo entre Juanma Moreno (segundo por la izquierda) y el exjuez Serrano (tercero). / Foto: R.C. / Vídeo: Euroa Press

El partido de Abascal cede en materia de género y los populares aceptan sustituir la ley de memoria histórica

NURIA VEGA y Madrid

Hay negociaciones que, por intrincadas que parezcan, están encaminadas de antemano a acabar en pacto. Y si en las últimas horas el PP sudó, y mucho, ante el documento de máximos de Vox, su intuición de días atrás, la que daba por «encarrilada» la investidura de Juanma Moreno en Andalucía, acabó revelándose acertada.

La formación de Santiago Abascal aceptó este miércoles apartar del acuerdo sus reivindicaciones más controvertidas: la derogación de la normativa de violencia de género, igualdad y protección de los derechos de las personas LGTBI y la devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia. A cambio, los populares concedieron a sus socios la creación de una Consejería de Familia y se comprometieron, entre otras cosas, a promover una «ley de concordia» que sustituya la de memoria histórica.

El pacto hará posible que Moreno releve a Susana Díaz tras casi cuatro décadas de ejecutivos socialistas en la Junta de Andalucía. Pero más aún, servirá para que el PP compruebe hasta qué punto la suma de fuerzas políticas en la derecha es una alternativa viable de gobierno. Y los conservadores aspiran a que este sea un modelo exportable al resto de territorios y que les permita alcanzar, más adelante, la Moncloa. La clave estará, en buena medida, en los presupuestos autonómicos, que obligarán nuevamente a tejer consensos.

De momento, las cesiones a Vox son «asumibles» para el PP y la rapidez con la que han llegado a puntos de encuentro puede alimentar las esperanzas de los populares. El documento que firmaron este miércoles en Sevilla ambas formaciones, fruto de dos citas e intercambio de papeles, recoge, salvo excepciones, compromisos genéricos. Y aunque la música suena al partido de Abascal, y esta formación sea una compañera de viaje incómoda para muchos conservadores, la letra no obliga a los de Pablo Casado a llegar allí donde no quieren.

En el texto, que recoge 37 medidas, se han rebajado algunas demandas como la expulsión de 52.000 sin papeles, cuyas identidades, supuestamente, según Vox, estaría encubriendo la Junta andaluza. En esta materia, el punto 27 queda reducido a «cumplir la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada, y combatir a las mafias que trafican con personas». Sí se añade, sin embargo, el compromiso de colaborar «documentalmente» -sin concretar en qué se traduce- con las fuerzas de seguridad para favorecer una inmigración ordenada y «respetuosa con la cultura occidental».

En cuanto a otras reivindicaciones tradicionales de la extrema derecha, el PP, que ya lleva tiempo incluyendo este asunto en sus intervenciones públicas, se compromete a «apoyar por ley la tauromaquia», promover las «expresiones culturales y populares andaluzas como el flamenco o la Semana Santa» e impulsar la sustitución de la normativa autonómica de memoria histórica.

Este último extremo no es tan novedoso -el pasado mes de septiembre el propio Casado apostó por desarrollar en el Congreso una ley de concordia-, aunque sí polémico. En materia social, ambas formaciones trabajarán por «garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada», es decir, se incluye la que segrega por sexos; facilitar el uso de una tarjeta sanitaria única en todas las comunidades; habilitar gradualmente la libre elección de especialistas médicos; y aprobar planes de apoyo a la natalidad o a la adopción, así como un «sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información y alternativas socioeconómicas».

En el apartado de lucha contra la corrupción y la regeneración -un asunto central en el discurso de los dos partidos tras el caso de los ERE fraudulentos que afectó al Gobierno andaluz del PSOE-, se incluye la determinación de favorecer cuantas comisiones de investigación «sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de fondos públicos de los organismos de la Junta». También la voluntad de «despolitizar el Servicio Andaluz de Empleo limitando la libre designación de mandos intermedios». Con este documento rubricado, Abascal ha dado por sentado este miércoles en las redes sociales que Moreno «ha firmado desarrollar una parte importante del programa de Vox». Los populares, en cambio, respiraron, pese a todo, con cierto alivio.

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