À Punt gastará 90.000 euros en un informe para saber si cumple con el contrato programa

À Punt tiene la obligación de cumplir el contrato programa. Una serie de directrices políticas, sociales y económicas que están recogidas por ley y que juntas forman la columna vertebral de la cadena pública o, por lo menos, representan el conjunto de los objetivos a los que tiene que llegar el ente. El punto de partida de À Punt es el contrato programa, por lo que cualquier movimiento debería estar regulado por esa normativa desde el paso inicial. Pero la cadena pública no debe de saber si cumple la ley y por eso ha puesto en marcha un concurso por el que pagará más de 90.000 euros (impuestos incluidos) a una consultora que será la que determinará si la televisión y la radio públicas valencianas se ciñen a lo que marca el documento. En resumen, pagar para ver si cumple la norma.

El concurso ya tiene ganador sin que se haya acabado el proceso de selección. Sólo se ha presentado la consultora alemana con sede en Valencia, GFK Emer Ad Hoc Research, que recientemente también ha ganado un concurso de Presidencia por 162.000 euros (IVA incluido) –se presentaron otras cinco ofertas– para la realización de 6.000 encuestas. La firma, con una trayectoria muy consolidada en el ámbito de los análisis y sondeos, ha realizado varios trabajos para distintas áreas de la Generalitat y para partidos como Compromís, del que recibió 14.000 euros a finales de 2018 para realizar un estudio en la Comunitat Valenciana a través de encuestas telefónicas.

El contrato programa se incluye en la ley 6/2016 que crea la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y garantiza la libertad de expresión, de información y comunicación, además del derecho a la pluralidad informativa y a la elección de las fuentes de información.

El contrato es un servicio de consultoría para la elaboración de informes relativos a los indicadores del contrato programa, aunque la Corporació ha dejado fuera del análisis los indicadores de gestión y de eficiencia económica del presupuesto que maneja el ente público. La Generalitat entrega cada año a À Punt 55 millones de euros y las cuentas anuales cerradas de 2019 revelan que la cadena perdió más de 65 millones de euros en 2019 –en 2018 los números rojos fueron de poco más de 48 millones de euros–.

El gasto de 90.750 euros (IVA incluido) tiene como objetivo que el presidente de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación pueda comparecer en Les Corts y rendir cuentas de la gestión de contenidos de los medios públicos valencianos. Los informes deben incidir en los indicadores relacionados con el análisis político y social, además de tener muy en cuenta la perspectiva de igualdad de genero en toda la programación.

El contrato programa exige que se garantice una información de calidad, que se promueva el uso y difusión de la lengua y la cultura valenciana, además de que se garantice el acceso a los grupos políticos y sociales significativos. También obliga a un compromiso de transparencia y de información de calidad. En cuanto a la programación, el 70% de cuota debe de ser producción propia y propia externalizada.

Entre los compromisos básicos de la actividad informativa se incluye la presencia de las comarcas, programas de debate y entrevistas, espacios deportivos diarios y una oferta de informativos completa.

En relación al pluralismo político, el informe elaborado por la consultora debe de dar respuesta a cuatro preguntas fundamentales. Es fundamental reflejar en el informe ¿quién habla?, ¿de qué se habla?, ¿quién habla de qué? y ¿qué es la presencia de las mujeres con un rol político?

La consultora debe medir el tiempo de palabra de cada dirigente político y apuntar quién suele representar a cada partido. Además es importante diseccionar el mensaje y si la agenda política se corresponde con la actualidad, una análisis que permitirá saber si se obvian asuntos importantes y qué político habla de cada tema. Para obtener las conclusiones la consultora deberá analizar fundamentalmente los informativos diarios, así como los programas de entrevistas y debates. También habrá que rastrear las conexiones parlamentarias y los actos de partido. La clave está en los tiempos de palabra, tiempos de noticia, frecuencia de apariciones y actor político que interviene.