Puigdemont, dos años de martirio al Gobierno
Sánchez ha respondido a cada órdago de Junts con cesiones y la convicción de que el miedo a las derechas españolas actuaba de cortafuegos. Pero el temor del expresident es hoy a la ultra propia, Aliança Catalana
Era el clavo ardiendo al que se agarraba Pedro Sánchez en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, adelantadas por ... él mismo en una maniobra fulgurante para intentar cortocircuitar las aspiraciones del PP que había arrasado en las municipales y locales de dos meses antes. La tabla de salvación pasaba por que el PSOE, de mano de su audacia, aguantara el tipo y que el Junts de Carles Puigdemont hiciera lo propio, para explorar luego la vía a un acuerdo de investidura insólito con un prófugo independentista perseguido por la justicia por intentar desgajar la Cataluña autonómica de la España constitucional. Aquel «de la necesidad, virtud» funcionó, a costa, eso, sí, de que Sánchez no solo se desdijera de su promesa de que iba a traer a Puigdemont desde Waterloo para sentarlo ante el Supremo, sino de que promoviera una ley de amnistía que, dos años después de que fuera la contrapartida al aval de los junteros al tercer mandato del líder socialista, está trabada a la espera de lo que resuelvan la justicia europea y el Tribunal Constitucional español.
La historia de estos 24 meses del matrimonio de conveniencia siempre en riesgo de divorcio entre Sánchez y Puigdemont es la de un martirio casi cotidiano, cuya primera escena fue el sacrificio de Santos Cerdán, el enviado del presidente a negociar con Puigdemont hoy en prisión por presuntas corruptelas de largo alcance, en el altar de la reunión publicitada el 30 de octubre de 2023 en Bruselas con el expresident de la Generalitat. El PSOE dinamitaba el tabú y reconocía como interlocutor a quien venía siendo tratado como un leproso político, en una fotografía en el despacho bruselense del jefe de filas de Junts de la que los socialistas recortaron el cuadro colgado en la pared del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017; y todo a horas de un acto de la relevancia institucional de la jura de la Constitución, por su mayoría de edad, de la Princesa Leonor, la heredera de la Monarquía y de la Jefatura del Estado. Diez días después de la pose en el sofá, el PSOE y Junts sellaban el acuerdo que, además de la amnistía, contemplaba la constitución de una mesa de diálogo en Suiza con mediador internacional para encauzar la investidura más difícil y rocambolesca de Sánchez.
Desde entonces, el devenir de la legislatura ha sido un vía crucis para un Gobierno que ha conseguido, sí, que Junts no se saliera hasta ahora del redil de su trabajosa mayoría en el Congreso, pero viéndose sometido a un calvario sostenido de exigencias. El cuatrienio que ahora atraviesa su ecuador ya estuvo a punto de descarrilar nada más echar a andar. Era el 10 de enero de 2024, la sesión plenaria se celebraba en el Senado por obras en la Cámara baja y el Ejecutivo tuvo que «mear sangre» -la gráfica expresión que se atribuye a Puigdemont para definir su amenazadora estrategia- para salvar los decretos que, de haber encallado, habrían dejado ya la legislatura poco menos que sin aire. Junts ensayó con éxito su táctica de ahogo: mantuvo al Ejecutivo en vilo hasta que este cedió con el compromiso de ceder a la Generalitat competencias en una materia tan sensible como la política de extranjería.
El 'dribbling' del Supremo
Casi dos años después, esa promesa ha quedado en agua de borrajas porque otro socio de la mayoría de investidura -Podemos- la considera tan «racista» como para haberla tumbado en el Congreso hace unas semanas, a fin de demostrarle a Sánchez que no puede contentar a Junts molestando a la izquierda que los morados representan. Tampoco la amnistía ha cristalizado en lo que Puigdemont confiaba, su regreso a Cataluña desde su escapada de las consecuencias penales del 'procés'. Los independentistas, que ese mismo enero de 2024 bloquearon la ley forzando al Gobierno -otra cesión- a que aquilatara su contenido para que el expresident pudiera sortear la acusación de terrorismo activada contra él por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, estaban preparados para que el Supremo tratara de obstaculizar el perdón elevando una cuestión prejudicial a Europa. Pero no tanto, según parece, para el 'dribbling' del alto tribunal español, que se basó en la propia literalidad de la polémica norma para no exonerar a Puigdemont del delito de malversación por el que se le persigue.
Lo que está en su mano, el Gobierno lo «cumple»; y sobre lo que depende de otros, «trabaja» para poder hacerlo. Fue lo que transmitió Sánchez el pasado jueves, desde el corazón de las instituciones comunitarias, a Junts en el enésimo intento de persuasión que precedió al comunicado conjunto con Alemania del viernes reabriendo la negociación -incierta- sobre la oficialidad del catalán en la UE. El gesto, matizado después por el Ejecutivo del conservador Merz. no hizo mella en el ánimo agraviado de Junts, que en julio de 2024 tumbó la senda de estabilidad presupuestaria sin que María Jesús Montero se haya arriesgado a llevarla de nuevo al Congreso desde entonces; y que en enero de este año volvió a hacer sudar tinta china al Gobierno para sacar adelante el decreto por el que se revalorizaban las pensiones. Cada presunta victoria del Ejecutivo llevaba cosida a la solapa la advertencia de 'una y no más', aunque el cántaro había ido muchas veces a la fuente sin terminar de romperse: en febrero, sin ir más lejos, Junts se acogió a la misteriosa palabra del diplomático salvadoreño Francisco Galindo, el mediador en Suiza, para retirar la cuestión de confianza con la que entonces presionaba a Sánchez.
El Gobierno ha encarado cada ultimátum de los independentistas con la convicción de que el miedo a las derechas española actuaba de cortafuegos. Con lo que no contaba era con que a Puigdemont iba a invadirlo el temor al sorpaso electoral de una ultra propia y competidora directa, Aliança Catalana.
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