Puig achaca a una «campaña orquestada» la investigación al PSPV en Azud

Puig ha circunscrito la responsabilidad de los hechos investigados en Azud al PP, porque eran los populares los que gobernaban las instituciones valencianas en los años 2007 y 2008, los años principalmente analizados por el juzgado que lleva el caso. El secretario general del PSPV asegura no tener idea de qué pasó entonces, ha afirmado que su partido tomará «decisiones» si hay alguna consecuencia jurídica para algún socialista en el proceso y ha anunciado que no participará en lo que ha considerado una estrategia de PP para dar la impresión de que la corrupción es un problema global y general. En ese sentido, el dirigente socialista cree estar siendo víctima de un «abrazo del oso» por parte de los populares con el objetivo de desalojarle de la Generalitat y de propiciar una victoria del Feijóo en las próximas elecciones generales. Así lo ha comentado en una entrevista que le han realizado en la Cadena Ser este viernes.

Así pues, complot popular frente a la inocencia del PSPV, según Puig, cuyo paquete argumental presenta varios pliegues y aristas. «Es un caso bajo investigación en el ámbito judicial que tiene su origen en un momento en el que el PP gobernaba en todas las instituciones», ha señalado Puig respecto a Azud. No es el único socialista que ve una mano negra en todos estos asuntos. El que fuera su número dos, Manolo Mata, y ahora abogado de uno de los implicados, ya ha manifestado sus sospechas.

Lo cierto es que la investigación consta de varias piezas. Si la primera en la que se levantó el secreto de sumario afectaba principalmente a gestores municipales vinculados al Ayuntamiento de Valencia cuando gobernaba Rita Barberá, pieza que se conoció en abril del año pasado, la segunda pieza sobre la que se ha levantado el secreto de sumario no tiene mucho que ver con el PP más allá que la trama empresarial supuestamente buscadora de contratos gracias a la financiación de actos de partido cuenta con algunos personajes comunes. Es decir, el presunto corruptor es similar pero el corrupto es distinto. En esta segunda pieza por la que actualmente se le pregunta a Puig, el protagonista es también Puig, y su partido, y personas aún muy vinculadas al PSPV. Así consta en el informe de la UCO, y así lo indica las posteriores conclusiones de la Fiscalía, donde incluso se advierte de posibles conexiones entre los grandes urdidores de entonces, los principales investigados, con los altos cargos del Consell actual. Y no sólo del Consell. Las empresas del yerno de Pepe Cataluña, extesorero del PSPV y pieza clave de la investigación, son adjudicatarias de una treintena de contratos a dedo por parte del Ayuntamiento de Valencia desde 2015 por un valor superior a los 300.000 euros.

Puig asegura no tener «ni la más remota idea» de «si había alguna cuestión ilegal o fuera de los principios éticos» allá en lo que se ha investigado. Esa ignorancia supina del líder del PSPV obliga a pensar que el secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat no ha preguntado qué pasó a, por ejemplo, su director general en Presidencia Jorge Alarte, que fue quien cogió las riendas del partido y de sus cuentas tras los años investigados, a partir de 2011. Tampoco ha preguntado a Vicent Sarrià, diputado nacional del PSOE y que en repetidas y múltiples ocasiones tiene la oportunidad de ver ahora, no se sabe si también entonces, en la primera década de este siglo, cuando Sarriá fue quien asumió las competencias que dejó Cataluña en el partido, si bien un exgerente del PSPV asegura ante el juez que el extesorero continuó contratando y mandando hasta que, a partir de 2009, llegó una comisión gestora en la que estaba Alfred Boix, a quien también puede preguntar Puig. Boix es su secretario autonómico en Presidencia. El presidente de la Generalitat podría preguntar incluso a quienes le organizaron a él personalmente la campaña de primarias de 2008 que perdió contra Alarte, y en la que se confeccionaron camisetas de apoyo a Puig que, según la UCO, pagó la trama empresarial investigada, mecenas políticos a cambio, presuntamente, de contratos públicos. En cualquier caso, según el dirigente socialista, si alguien ha cometido alguna ilegalidad, su partido «tomará decisiones» como hemos hecho «en otros casos» con «dolor», en referencia a Alquería y la expulsión del que fue presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Por todo ello, porque dice no saber nada y porque el PP era quien mandaba, Puig ha señalado que no va a «participar en lo que quiere el PP, que es democratizar la corrupción, una especie de abrazo del oso bien orquestado por aquellos que buscan que la Comunitta ofrende glorias a todos ellos y especialmente a Feijóo, una campaña orquestada y miserable».

«Es lamentable que esto se plantee como una partida de ajedrez y nosotros, la Comunitat, seamos una pieza más», ha indicado Puig, que ha resaltado que la valenciana es la única de las cuatro regiones más pobladas del país que ha logrado aprobar los últimos ocho presupuestos autonómicos en tiempo y forma: «La Comunidad está bien y no puede ser objeto de deseo partidista sino objeto de deseo común, de todos». Puig ha resaltado igualmente que los parámetros de materias como la Sanidad han mejorado en sus años de Gobierno «y no tienen nada que ver con Madrid». Díaza Ayuso, que no falte.

Puig ha lamentado que, principalmente, por el bloque del PP, asuntos como la financiación no avancen y ha anunciado que la Abogacía de la Generalitat estudia con detenimiento el BOE que finalmente ha aprobado las restricciones del trasvase Tajo-Segura que afectan a los regantes de Alicante con el objetivo de recurrir judicialmente aquello que pueda ser perjudicial para los intereses agrícolas de la región.