La imputación de Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido obliga a Puig a tomar decisiones

Bravo, fiscal de profesión, no habló de imputaciones, ni del desgaste político que supone que el exmarido de la vicepresidenta fuera condenado a cinco años de cárcel por los abusos a una menor tutelada por la Generalitat. Ni siquiera de que todos los indicios señalen a que la consellera de Igualdad maniobró para encubrir que el abusador era su exmarido. Habló de la «credibilidad de la institución», que es algo que tiene ver con la imagen de la Generalitat, con la seriedad que merece un gobierno autonómico y con el respeto a los ciudadanos.

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Mónica Oltra está entre la espada y la pared. Lo está, en realidad, desde hace meses, desde que los tribunales comenzaron a subrayar la insostenible gestión de su departamento en un caso en el que, hasta la fecha, la única persona a la que se ha visto esposada es la víctima. Oltra y su entorno sostienen que no hay nada, que todo obedece a una conspiración de la ultraderecha, a una presión ante la que jueces y fiscales están cediendo ante ella. Dimitir, como siempre, es un verbo que se conjuga en segunda y tercera persona, nunca en primera.

¿Y Puig? Que Oltra vaya a comparecer ante los medios de comunicación este viernes, y todos los que lo vaya a hacer de aquí en adelante, para explicar los asuntos tratados en la sesión plenaria del Consell es una decisión que el presidente de la Generalitat acepta y propicia. Este viernes el dirigente socialista se limitó a expresar «respeto» por la acción de la justicia y a proclamar que la situación no afecta a la estabilidad de su Consell. De la credibilidad de la institución de la que habló hace unas semanas Bravo, ni una palabra.

Y lo cierto es que la pelota está en el tejado del jefe del Consell si Oltra no se decide a tomar ninguna decisión. El Consell y sus miembros los nombra y los cesa el presidente de la Generalitat. Una imputación por parte del TSJ valenciano sobre la número dos de su Gobierno constituye una decisión lo suficientemente trascendente como para adoptar decisiones. No hacerlo no sólo no retirará el foco mediático sobre su falta de decisión, sino que contribuirá a extender la sensación de que el dirigente socialista es prisionero del apoyo parlamentario que le presta Compromís. Y si esa circunstancia se confirma, el dirigente socialista tendrá muy complicado volver a sostener ese discurso de la hipoteca reputacional que, según ha dicho hasta la saciedad, tenía la Comunitat en 2015 y la llegada de la izquierda a la Generalitat contribuyó a levantar. Ser señalados ahora por todos los medios de comunicación por ser el Gobierno que mantiene como vicepresidenta a un cargo imputado por los tribunales -y no precisamente por delitos menores- en ningún caso encaja con ese supuesto cambio de imagen de la Comunitat propiciado por PSPV y Compromís. Y sí en cambio con los habituales errores de discurso respecto a las teorías de la conspiración, la orientación ideológica de jueces y fiscales y las cazas de brujas.

Puig está obligado a mover ficha, y lo sabe. Lo dejó entrever hace pocos días, cuando señaló que el PSPV en otras ocasiones ya había adoptado decisiones ante situaciones similares. Y es cierto: lo hizo con Jorge Rodríguez, al que apartó de militancia para obligarle a dejar la presidencia de la Diputación. Y lo ha hecho en algún otro caso. Sin embargo, en ninguno de esos casos estaba poniendo en juego la estabilidad de su gobierno ni el futuro de su propia presidencia.

Una parte de Compromís, no toda, ya dio pistas con la salida de Vicent Marzà de la conselleria de Educación. La formación nacionalista trabaja sobre varios escenarios, y en alguno de ellos Oltra no figura como pieza protagonista. ¿Y respaldar a Puig en el caso de que releve a Oltra si ella no está dispuesta a dimitir? Está por ver qué puede llegar a hacer la coalición nacionalista en esa circunstancia.

En todo caso, de lo que no cabe ninguna duda es de que la oposición se frota las manos ante la posibilidad de que Oltra no dimita, Puig no la cese y los tribunales de justicia sigan su labor. Primero, con la citación a declarar el día 6 como imputada. Después, quien sabe si con su procesamiento. Y mientras tanto, la credibilidad del Consell, bajo mínimos.