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La vicepresidenta del Consell, en un escaño de Les Corts. efe

El TSJ empuja a Oltra hacia la dimisión al imputarla por los abusos de su exmarido

El auto aprecia «una pluralidad de indicios» de que la consellera trató de proteger al abusador y su carrera política

A. Rallo

Valencia

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Jueves, 16 de junio 2022

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El peor escenario posible para la vicepresidenta Mónica Oltra ya es una realidad: imputada. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha aceptado la exposición razonada que elevó el juez de Instrucción 15 de Valencia y valida la existencia de «una pluralidad de indicios» para abrir una causa penal contra la consellera de Igualdad por la gestión que se efectuó de la denuncia por abusos sexuales contra su exmarido. Declarará como investigada el próximo 6 de julio. Antonio Ferrer será el magistrado instructor de estas diligencias.

El TSJ, en un breve auto notificado este jueves a las partes, recuerda que la Sala ya rechazó una querella por idénticos motivos contra la aforada porque los indicios carecían de consistencia. Ahora, sin embargo, el alto tribunal considera que tras la instrucción en el juzgado ordinario contra el resto de cargos de la Conselleria «las sospechas se han concretado suficientemente» con una «virtualidad propia» al margen del contenido de la sentencia que en su día condenó a la expareja de Oltra.

El auto hace un análisis de toda la situación en su conjunto. Apunta que examinados uno por uno los actos que han motivado la apertura de la causa estos pueden no ser delictivos. Pero es al ampliar el foco, en una perspectiva macro, cuando surgen los verdaderos indicios de criminalidad. En palabras del TSJ: «Si los valoramos en su conjunto poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad, ya nos hace pensar que han sido elaborados con un propósito muy concreto, completamente alejados de la finalidad para los que fueron concebidos, al estar según nos relata el instructor, todos ellos vinculados de una manera directa a un propósito muy preciso, ya de una muy dudosa legalidad, cual es beneficiar la situación procesal al marido de la señora Oltra, o bien tratar de proteger la carrera política».

Reconoce la Sala que no existe por el momento una «prueba directa» contra la vicepresidenta en el sentido de que ella fuera la ideóloga u ordenara todo este procedimiento con la finalidad anterior, pero recuerda el valor de «unos indicios plurales» que, en principio, hacen pensar que fueron «orquestados precisamente con ese fin». Y esa acumulación de indicios, tal y como recuerdan los magistrados, son suficientes para la citación como imputada.

El TSJ subraya la contradicción de la propia vicepresidenta cuando a la prensa le dijo que la orden de abrir el expediente fue suya y en su escrito de alegaciones para evitar su citación se desliga por completo de esa decisión. Un cambio de versión que ha de ser tenido en cuenta, recoge la resolución judicial.

De igual modo considera sorprendente la versión de algunos investigados que no supieron que el sospechoso era el ex de Oltra hasta dos años después de la investigación cuando la propia consellera al llegar al cargo informó de la identidad de su marido y su profesión en un ejercicio de transparencia. Incluso la joven que denunció conocía esta circunstancia. ¿Cómo no lo sabía nadie más?

El TSJ introduce una matización a los delitos por los que investigará a la vicepresidenta. Aclara que hasta que la sentencia de condena a su marido no sea firme -queda un recurso en el Tribunal Supremo- «quizá» no se le podrá investigar por ese delito de encubrimiento.

Una ristra de delitos

Pero no ve problema en analizar el resto de ilícitos apuntados por la Fiscalía: el no denunciar los hechos, la desprotección de la menor que estaba tutelada por la Generalitat y la apertura de una investigación para desacreditar a la menor y exculpar a la Conselleria de Igualdad. Cita incluso la posibilidad de que concurra también en esa hipotética prevaricación, una malversación al utilizar recursos públicos para un interés privado. Esta tesis ya fue planteada en su día por una de las acusaciones.

El ministerio fiscal fue un paso más allá del análisis expositivo del juez. De hecho, le atribuyó un plan preestablecido, dirigido a través de una orden verbal dada su ilegalidad y que pretendía, por un lado, proteger a su exmarido de la causa judicial y, por otro, exculpar a la Conselleria de Igualdad de cualquier responsabilidad de su inacción inicial. La acusación le atribuye la posible comisión de los tres delitos anteriores. El abandono de menor está castigado con pena de prisión.

La citación de Oltra constituye una situación excepcional en la historia judicial valenciana y que sólo encuentra un precedente de similar magnitud, la imputación de Francisco Camps por el caso de los trajes. El exdirigente popular terminó por abandonar su responsabilidad en el Consell, aunque luego fue absuelto por un jurado popular. Nunca recuperó su posición en el PP tras este escándalo judicial.

La declaración como investigada de la vicepresidenta, el próximo día 6 de julio, concentrará ya la atención de todos los medios de comunicación. El asunto de Oltra acapara la escena nacional y más tras las conversaciones con la ministra Yolanda Díaz por formar parte de esas plataforma a la izquierda del PSOE que se gesta para las próximas elecciones.

El TSJ pretende aclarar la participación de la consellera en todo el proceso. Pero, además, con el auto de ayer, ha decidido quedarse con la totalidad de la causa. Trece personas, entre ellos la alto cargo Rosa Molero, directora general de Infancia, permanecen investigadas por este asunto. Hasta el momento, todos coinciden en su versión. La mayoría son cargos de Igualdad, aunque también figura la directora del centro y una psicóloga de las instalaciones.

El juez señaló en su día que tras la práctica de las diligencias, solicitud de información y declaraciones en sede judicial, necesitaba que se imputara a Oltra para proseguir con las pesquisas del resto de encausados. Y este es el papel que ha asumido ahora el alto tribunal. Faltan todavía dos testificales por practicar, así como alguna de las solicitudes que en su día encargó el juez, como un informe a la Policía Local sobre cómo actuó tras la orden de protección contra la menor.

Antonio Ferrer es el magistrado que llevará la instrucción. Formará Sala con Pilar de la Oliva, la presidente del alto tribunal, y con Vicente Torres, exfiscal Anticorrupción propuesto por el Botánico para la Sala de lo Civil y Penal.

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