El PSPV teme por primera vez los tribunales

El PSPV teme por primera vez los tribunales
ilustración: sr. garcía

El regreso de la actividad a los juzgados inquieta a los socialistas, ante las novedades del caso del expresidente de la Diputación de Valencia y las sospechas de la financiación ilegal del partido

A. Rallo
A. RALLOValencia

Por primera vez, el PSPV teme la reapertura del curso judicial. Más allá del pistoletazo oficial -la apertura del Año Judicial se celebra en octubre- la actividad vuelve a coger cierto brío en septiembre. Hasta la fecha, la dirigencia socialista sólo contemplaba este periodo con expectación, sabedores de que les proporcionaría munición política suficiente para ahogar cualquier crítica a su labor. El lastre de la corrupción, definido por el presidente Puig como Levante feliz, la hipoteca reputacional y la herencia recibida, era un poderoso argumento para dejar en evidencia a la bancada popular. Ante lo nefasto de una gestión siempre estaría a mano la réplica: «Nosotros no robamos».

Como si fuera ya una tradición, el regreso a la actividad suponía el calvario para el PP de Isabel Bonig, cansada ya de pedir perdón por las tropelías de sus antiguos compañeros de partido. Pero la tendencia se ha roto. Los socialistas valencianos, por primera vez, aguardan con preocupación las novedades de los próximos meses. Dos son los asuntos que amenazan con destrozar esa imagen de ejemplaridad: la contratación de directivos en Divalterra e irregularidades en adjudicaciones a favor de una de las agencias de comunicación con la que trabajaba el partido. Y con ellos también la coalición nacionalista de Compromís. Ambos podrán seguir explotando la vía de la corrupción, pero se arriesgan a recibir una respuesta igual de contundente.

El cambio de escenario, la «inquietud» acerca de la incertidumbre que generan estas investigaciones, y el «interés» porque todo se aclare es compartido por dirigentes de los cuadros socialistas. Y de qué forma una instrucción prolongada puede dañar las expectativas de la formación. Los comicios de mayo de 2019 se sitúan suficientemente cerca como para preocupar a los altos cargos del partido.

El fin del secreto en la Operación Alquería y el enroque de Rodríguez en Ontinyent rompen el discurso de ejemplaridad del PSPV ante la corrupción

Asunto de especial transcendencia para el PSPV es el del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, detenido el pasado mes de junio. Insisten desde su círculo -tesis que se comparte en la dirigencia- en desligar este caso de los ya clásicos del PP. La idea general -y parece ser cierta, según las primeras pesquisas- es que ninguno de los investigados se ha quedado dinero. No estaríamos ante el cobro de comisiones y amaño de contratos, circunstancias presentes en la Administración gobernada por el PP. Lo que se investiga es la contratación irregular de directivos. La colocación de personas afines a los dos partidos del Gobierno en empresas públicas, allá donde se pueden esquivar los principios que regulan el acceso a la Administración. Siete directivos fueron enchufados en Divalterra, continuadora de Imelsa, epicentro de una de las peores tramas de corrupción de la Comunitat, la que capitaneaba supuestamente Alfonso Rus.

La coalición nacionalista Compromís, salpicada por los dos casos

La coalición nacionalista no se ha visto tan directamente señalada como el PSPV en los casos de Divalterra y la financiación ilegal, pero tampoco ha salido limpia en todo este proceso. La cogerente de Divalterra, Agus Brines, pertenecía al Bloc, partido mayoritario en el seno de la agrupación nacionalista. Abandonó sus responsabilidades debido a las consecuencias de la operación Alquería. De igual modo, en las pesquisas que pretendían analizar las finanzas del PSPV, también resulta perjudicado El Bloc. La misma operativa que los socialistas siguieron los integrantes de Compromís durante los comicios de 2007, según acredita un informe de la Agencia Tributaria. No obstante, los juzgados, al apreciar que el delito había prescrito, no han citado a ningún responsable del partido. Pese a lo anterior, en alguna de las resoluciones del juzgado 21 de Valencia, sí se ha señalado el nombre de Lluís Miquel Campos, jefe de la campaña electoral del Bloc en 2007 y mano derecha del entonces líder de ese partido, Enric Morera. Hoy preside Les Corts.

La causa sigue bajo secreto de sumario. Es una incógnita, de momento, el contenido del sumario y las diligencias que se practicaron antes y después de los arrestos. Con independencia del resultado final del asunto -si se archiva o llega a juicio- el final del secreto agitará los cuadros socialistas. La Policía Nacional analiza ahora el contenido de los móviles y ordenadores. Los implicados hacen vida normal, incluso han disfrutado de sus vacaciones fuera de Europa. Anticorrupción no pidió para ellos medidas cautelares, lo que fue interpretado por algunas fuentes como muestra de la poca entidad de la causa.

El PP ya calienta motores. En julio adelantó los trámites para personarse en la causa. Cuando depositen 3.000 euros de fianza y se levante el secreto, podrán ejercer la acusación. Todavía es una incógnita qué papel adoptará la Diputación. ¿Se personará como acusación contra el que fuera máximo responsable de la Corporación? En teoría, se malversó dinero público con el pago de las nóminas de los directivos. La cifra ronda los 1,7 millones.

Todos los investigados han sido apartados de sus responsabilidades, salvo uno que es funcionario. Pero lo más sangrante para el PSPV es que Jorge Rodríguez se mantiene como alcalde de Ontinyent. Entre el respeto a la presunción de inocencia y el recibimiento público por parte de sus vecinos tras salir del calabozo hay demasiada distancia. Esta obstinación del primer edil genera un quebradero de cabeza para las filas del PSPV. Rodríguez fue suspendido de militancia, pero se mantiene como alcalde. Ni siquiera se ha pasado al grupo mixto. Fuentes socialistas admiten que esto también afecta la reputación del partido porque la postura de Rodríguez no deja de ser incoherente. No podría presentarse a la reelección por el PSPV, pero se mantiene como alcalde por estas siglas. «Es casi el primer tránsfuga de Ximo Puig».

Las otras dificultades para el PSPV se encuentran repartidas por cuatro juzgados en Madrid, Gandia y Benidorm. Los jueces examinan irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de la empresa de comunicación Crespo Gomar. Estas prácticas -de confirmarse- esconderían en realidad una financiación ilegal del PSPV. La juez de Valencia que analizó el asunto en su globalidad dictaminó que el delito de financiación de existir estaba prescrito. Esta conclusión sirvió para que el PSPV sacara pecho y negara la existencia de una trama como la que parecía dibujarse, similar a la del PP con Gürtel. Sin embargo, esa calificación, a juicio de otros responsables socialistas, no resta ni un ápice de gravedad. «Es importante que eso se aclare más allá de si el delito está prescrito. La imagen que se ofrece del partido es muy negativa cuando se investigan asuntos como este».

Los hechos se remontan a mediados del 2000 y diferentes vínculos conectan con Ximo Puig, aunque no participara directamente en las actuaciones. El gerente de la mercantil era Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor del presidente de la Generalitat.

Las sospechas apuntan a que esta empresa realizó facturación falsa a otras mercantiles (Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital) que, en realidad, encubrían el pago de actos electorales. Posteriormente, desde las Administraciones controladas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero o desde diferentes Consistorios valencianos se 'devolvía' el favor con adjudicaciones. La única buena noticia para el PSPV de esta causa fue el reciente archivo de un contrato de 184.000 euros del Ministerio de Sanidad. La decisión no es firme. Este asunto supuso la imputación de Etelvina Andreu, la que fuera candidata a la alcaldía de Alicante.

Otras tres causas se mantienen vivas en diferentes estados del procedimiento. Se trata de una campaña de publicidad del Ministerio de Vivienda, la adjudicación de los denominados opinómetros en el Ayuntamiento de Benidorm y las irregularidades detectadas en una ayuda de Gandia a la Federación Valenciana de Fútbol para que compraran un local relacionado con la familia Gomar.

Llegó a la heredera de la antigua Imelsa tras su paso por el centro de Empleo y Estudios y Formación de Burjassot. Pertenecía al Bloc, socio mayoritario de Compromís.

Llegó a la heredera de la antigua Imelsa tras su paso por el centro de Empleo y Estudios y Formación de Burjassot. Pertenecía al Bloc, socio mayoritario de Compromís. AGUSTINA BRINES, COGERENTE DE DIVALTERRA

Llegó de la mano de PSPV tras la precipitada salida de Sahuquillo por los famosos gintonics. Es el secretario general de PSPV de la Costera-La Canal.

Llegó de la mano de PSPV tras la precipitada salida de Sahuquillo por los famosos gintonics. Es el secretario general de PSPV de la Costera-La Canal. xavier simó, cogerente

Mano derecha de Rodríguez en la Diputación de Valencia. Es licenciado en Comunicación Audiovisual.

Mano derecha de Rodríguez en la Diputación de Valencia. Es licenciado en Comunicación Audiovisual. Ricard gallego, jefe de gabinete

Hijo del histórico alcalde de Ontinyent Manolo Reguart. Es ingeniero de profesión, aunque ejercía de asesor. El más joven de todos los investigados.

Hijo del histórico alcalde de Ontinyent Manolo Reguart. Es ingeniero de profesión, aunque ejercía de asesor. El más joven de todos los investigados. Manuel reguart, asesor

Es el abogado del presidente de la Diputación. Fue un cargo creado por el propio Rodríguez tras su desembarco en la Corporación Provincial.

Es el abogado del presidente de la Diputación. Fue un cargo creado por el propio Rodríguez tras su desembarco en la Corporación Provincial. jorge cuerda, letrado

Rodríguez era una pieza importante en el PSPV. Llegó a postularse incluso como futuro sucesor de Ximo Puig y amagó con presentarse a la dirección provincial del PSPV, que terminó en manos de Mercedes Caballero.

Rodríguez era una pieza importante en el PSPV. Llegó a postularse incluso como futuro sucesor de Ximo Puig y amagó con presentarse a la dirección provincial del PSPV, que terminó en manos de Mercedes Caballero. jorge rodríguez, Alcalde de ontinyent

Siempre ha estado en el núcleo de confianza del presidente de la Generalitat. Exalcalde de Gandia. Crespo Gomar fue fundada por el hijo de su teniente de alcalde. josé manuel orengo, Asesor de Puig

El jefe del Palau, de momento, no ve razones para un adelanto electoral. Los próximos meses el PP tratará de dañar la reputación del PSPV con los dos asuntos de corrupción. ximo puig, president de la generalitat

Fue aspirante a la alcaldía de Alicante y luego directora general del Ministerio de Consumo. La agencia de Crespo Gomar organizó actos de su campaña al Ayuntamiento en la elecciones de 2007. Su caso se ha archivado de manera provisional.

Fue aspirante a la alcaldía de Alicante y luego directora general del Ministerio de Consumo. La agencia de Crespo Gomar organizó actos de su campaña al Ayuntamiento en la elecciones de 2007. Su caso se ha archivado de manera provisional. Etelvina andreu, Excandidata en alicante

Directivo de la empresa publica Egevasa dependiente de la Diputación. Antes fue uno de los gerentes de la empresa Divalterra y jefe de gabinete de Orengo. Se da la circunstancia de que dirigía una empresa beneficiada por las adjudicaciones bajo sospecha.

Directivo de la empresa publica Egevasa dependiente de la Diputación. Antes fue uno de los gerentes de la empresa Divalterra y jefe de gabinete de Orengo. Se da la circunstancia de que dirigía una empresa beneficiada por las adjudicaciones bajo sospecha. José Ramón Tíller, gerente

PPCV El PP, a la espera de Camps, Zaplana y el blanqueo

El PP presenta peor curriculum delictivo que el PSPV. De nuevo, los populares afrontan un ejercicio convulso. Los juzgados de la Comunitat todavía mantienen numerosos asuntos con consecuencias para los populares. El más reciente es el caso Zaplana. La investigación sigue bajo secreto y el expresidente de la Generalitat en la prisión de Picassent. El esfuerzo de su letrado por sacarlo de la cárcel ha resultado inútil. La Guardia Civil está aprovechando este periodo para apuntalar las pesquisas. El caso Taula, el supuesto blanqueo de 50.000 euros por parte de los concejales, asesores y exasesores del PP de Valencia para las elecciones de 2015 debe deparar ya algún avance definitivo. Todas las fuentes consultadas dan por hecho que los investigados terminarán sentándose en el banquillo. Pero todavía se mantiene una pieza secreta en esta investigación, lo que puede alargar todavía más esta causa.

Los avances de este procedimiento pueden condicionar el candidato popular a las elecciones municipales. Todavía no se conoce quién será el aspirante, aunque el PP ya ha comunicado su intención de hacerlo cuanto antes.

Y como complemento a lo anterior, todavía quedarán los avances en los asuntos relacionados con la F-1 en los que Francisco Camps aparece como principal señalado; los casos que salpican al exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano y conocer el desenlace de las dos últimas piezas del conocido como caso Cooperación. Todo apunta a que Rafael Blasco pactará.

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