El edificio de la Casa de los Caramelos acabará demolido

Y es que Presidencia acaba de adjudicar de urgencia la ejecución de los trabajos de eliminación de riesgos, demolición y redacción de un nuevo proyecto de ejecución, ante el avanzado estado de deterioro del inmueble que han alumbrado las distintas actuaciones hasta la fecha. Así, según señala la Generalitat en la exposición razonada de los motivos por los que adjudica esta obra, «el estado deficiente en el que se encuentra el edificio, tanto en los referente a elementos estructurales como a patologías en forjados, fachada y tabiques» y a fin de evitar «el derrumbe» del edificio, se ha acudido a una encomienda de urgencia. Pero, de nuevo el Consell vuelve a echar mano de su contratista de cabecera, alegando motivos de máxima urgencia para llevar a cabo el encargo. La empresa pública Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, será la encargada de redactar el citado plan de plan, por un importe de 403.014 euros. Para la demolición del interior del palacete hay un plazo de seis meses, a contar desde la firma de la encomienda, el pasado 10 de junio. El coste de la obra se ha dividido en dos partes. Por un lado, la redacción del proyecto, con el estudio previo, el proyecto de ejecución y el arqueológico, supondrá apenas 20.886 euros, mientras que el grueso del contrato, 331.957 euros irán destinados a la ejecución de las obras. Se trata de las actuaciones previas, la demolición de los falsos techos, de los suelos con recuperación, de los tabiques y del desmontaje de las instalaciones, además de la gestión de los residuos y de la seguridad y la prevención de riesgos.

En la encomienda, suscrita con la empresa pública de Agricultura, Presidencia habla de un acuerdo del Consell, adoptado el pasado 8 de abril, por el que se declararon de emergencia de interés general y público las actuaciones necesarias para preservar la seguridad estructural del edificio. El inmueble, dice el texto, presenta deformaciones excesivas en la estructura de vigas, que han causado graves daños en las paredes y muros de carga, que junto con la presencia de humedad en las cubiertas, por una probable falta de aislamiento, hacían necesaria una actuación con carácter de urgencia. De ahí que se haya echado mano, de nuevo de Tragsa. También, de nuevo, porque de este modo el Consell evita licitar la obra y se ahorra el IVA de la misma.

Presidencia de la Generalitat se adscribió el inmueble tras su compra, en la primera legislatura Botánica. Pero, no fue hasta verano del año pasado cuando comenzó las labores de adecuación para poder darle un uso administrativo al palacete de cinco alturas. Dice el Palau que el edificio fue adquirido en su día «dentro de la estrategia para rentabilizar al máximo los inmuebles que forman parte del patrimonio valenciano», pero lo cierto es que cuando en julio de 2021, cuando se solicitó la inspección y peritaje de la estructura del edificio (por el que se pagaron casi 100.000 euros), se descubrieron patologías que hacían imposible su rehabilitación. El informe con estas conclusiones, dice Presidencia, no se conoció hasta marzo de 2022. En él se habla de deformaciones excesivas en el artesonado, deficiencias en los tabiques, muros de carga, o humedades que ponen el edificio en riesgo de colapso. De ahí la urgencia en tramitar la encomienda con la que se derribará el interior de mítico edificio. Una obra que ya excede la rehabilitación, porque la Generalitat tendrá que volver a construirlo de cero si quiere utilizarlo en el futuro. Además, los plazos dificultan que el inmueble vaya a estar disponible para albergar algún servicio público en lo que queda de legislatura, porque una vez derribados los techos, suelos y vigas, se deberá sacar a concurso la obra de construcción.