El PP reclamará a Sánchez en la Conferencia de Presidentes el FLA, la exigencia clave de Mazón

El silencio del Ministerio de Hacienda ha provocado que en la Generalitat se disparasen las alarmas. La Comunitat, región más endeudada de España desde hace décadas a causa de un sistema de financiación muy perjudicial para los valencianos, está al borde del colapso si el Gobierno no atiende a sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, los requerimientos del Consell no habían recibido respuesta.

La asunción de la exigencia del Gobierno de Mazón por parte del resto de presidentes populares permite que, durante la Conferencia, se reclame con singularidad una necesidad casi singular también, la del FLA. Y no sólo esa, ya que en la posición del PP sobre la financiación, que constará de cuatro puntos, también se incluye la reclamación de las entregas a cuenta, que están completamente desfasadas y que también sitúan a la Comunitat a la cabeza de las regiones perjudicadas, con cerca de 1.000 millones que no se ingresan porque el Gobierno de Sánchez no es capaz de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado desde hace dos años.

Los populares han preparado un documento sobre la financiación que presentarán en la Conferencia de Presidentes. El texto se compone de cuatro reclamaciones, todas ellas en consonacia con la postura valenciana. Las autonomías dirigidas por el PP reclamarán la «inmediata actualización de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda«, así como la exigencia de que el Gobierno respete la autonomía tributaria de los territorios y la reclamación del FLA.

Las autonomías populares le trasladan al Gobierno su «profunda preocupación ante el trato dispensado« por el Gobierno central a las regiones del país. El texto, consensuado por los gobiernos autonómicos en coordinación con Génova consideran »urgente adoptar una serie de acuerdos que permitan revertir esta situación« para que los territorios »puedan prestar los servicios públicos de una manera adecuada y en condiciones de igualdad«.

Las exigencias consisten, en primer lugar, «la retirada» del anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera que afecta a las comunidades autónomas, «y la presentación inmediata de un proyecto de reforma del sistema de financiación«. Igualmente, subrayan su »oposición a la mutualización de la deuda autonómica, así como de la financiación singular (que constituye un nuevo cupo independentista) y la fragmentación de la Agencia Tributaria«. En definitiva, a la aplicación del pacto que el PSOE firmó con los independentistas catalanes para permitir la investidura de Illa como president del Govern catalán y para facilitar la gobernabilidad a Sánchez tras las elecciones de julio de 2023.

Igualmente, se solicita la actuación de las entregas a cuenta «correspondientes al ejercicio fiscal 2025». Las entregas a cuenta suponen la parte principal de los recursos con los que cuentan las CCAA correspondientes a la financiación autonómica –la otra es la liquidación del ejercicio de dos años antes–. Durante los últimos años las entregas a cuenta han ido creciendo, pero no porque el Gobierno haya decidido conceder más recursos a las autonomías, sino porque la actividad económica ha generado mayores ingresos para la administración. A la Comunitat le hubiera tocado recibir cerca de 14.000 millones este año, pero el Gobierno no sacó adelante los PGE, de tal modo que se transfieren en torno a 13.000 millones, un millar menos de lo que debería ser y por tanto menos liquidez para una Generalitat estrangulada por la infrafinanciación. La actualización es tildada de «imprescindible» por parte de los populares.

Regiones como Andalucía, Galicia o Madrid no tienen demasiado que ganar en exigencias como el Extra FLA, por lo que su inclusión en las exigencias de los populares al Gobierno obedece a la presión ejercida para que regiones como la valenciana o la murciana puedan recibir algo de oxígeno financiero por parte del Ejecutivo central.

Un asunto que sí compete a todas las regiones, populares especialmente pero no únicamente, es la exigencia del respeto a la autonomía tributaria.

«Exigimos que se respete por parte del Gobierno central el principio de autonomía financiera« de las regiones, según los populares, que apelan al artículo 156.1 de la Constitución para exigir que se interrumpa »cualquier intento de centralismo e imposición tributaria desde el Gobierno sobre aquellas competencias que corresponden a los gobiernos de las comunidades autónomas«.

Ni más lejos que el viernes pasado, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, admite que la Comunitat necesita el dinero que otros años, concretamente desde hace más de una década, el Gobierno transfiere en julio a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómic). Sin embargo, la también ministra puso condiciones.

«Yo lo que invito a Mazón y a su equipo es a trabajar con rigor. Menos pelea pública con el Gobierno de España y que se sienten a ver qué ocurre con las cuentas de la Comunitat. Desde luego, la solución no puede ser que el Gobierno siga inyectando dinero y que ese dinero al final sea para que Mazón le perdone los impuestos a los que más tienen. Ese no es el beneficio que la sociedad busca», señaló Morant.

En el caso del Extra Fla, el PP exige «que se mantenga el mecanismo del programa del Fondo de Liquidez Autonómica, que, por primera vez desde su creación, no aparece reflejado en el programa, y que permite obtener una liquidez adicional para poder hacer frente a déficits pendientes de financiar de ejercicios anteriores, en tanto en cuanto se reforme el sistema de financiación autonómica«. El Consell entrará en colapso en julio si no recibe los 1.900 millones de ese FLA extra. La Comunitat es la más perjudicada, junto a Murcia, por el actual sistema de financiación, pero también por la desaparición del Extra Fla, que Mazón reclama al Gobierno desde hace más de medio año, una exigencia que el resto de presidentes autonómicos han asumido como conjunta.