El PP exige a Bravo explicaciones por «el despilfarro y descontrol de la SGISE»

La diputada popular destacó que «a puertas de las elecciones del 28M, intentaron colar 1.800 nuevos empleos públicos», por lo que «este es otro caso más de los que nos han llevado a poner en marcha una Comisión de investigación en Les Corts sobre las irregularidades del sector público instrumental de la Generalitat entre 2016 y 2023».

Chulià recalcó en que «el Consell de Mazón tiene como objetivo arrojar luz a este asunto tan turbio». La Sindicatura de Comptes presentó el pasado mes de septiembre un informe sobre la SGISE donde se constataba que la empresa de los bomberos había realizado durante de 2022 (el último ejercicio de gestión íntegra del Botánico), más del doble de los contratos temporales para los que tenía autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos.

Además, el informe de la Sindicatura retrataba el abuso en los encargos a la empresa pública Tragsa, así como el retraso, de más de cuatro años y medio, en asumir las competencias del servicio de bomberos forestales desarrolladas por Tragsa a través de encargo.

La empresa de los bomberos forestales queda señalada por los informes de fiscalización, donde se indica que hubo retribuciones que no cuadran con las nóminas abonadas o sueldos que no puden saberse si son los correctos o no.

Una falta de controles y vulneración de los principios contables que, de hecho, llevaron al Consell a fulminar a la directora gerente de la firma, al director ejecutivo y a la responsable de recursos humanos de la sociedad. El año pasado, en febrero, la sociedad presentó una propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) compuesta por 1.772 puestos de trabajo, a pesar de que la RPT aprobada por la empresa para 2019, el año de su creación y en vigor hasta entonces, no llegaba a 1.000 empleados (948 trabajadores), por lo que la propuesta presentada incrementaba la plantilla en un 86,9%. Fue paralizada en Hacienda.

Chulià remarcó ayer a través de un comunicado que «según el informe de la Dirección General de Presupuestos, durante el año 2021 se han certificado 1.076 perceptores de retribuciones mientras que, solo se han abonado retribuciones a 922 perceptores, otra irregularidad más que se suma en este asunto».

Del informe al que hace referencia la dirigente popular se traduce, según denuncia el PP, que «la gestión del personal ha sido completamente ineficiente, especialmente en la tramitación de las altas y las bajas, donde se abonaban indemnizaciones por despido a trabajadores que eran contratados inmediatamente después de satisfacerse las indemnizaciones».

Chulià insistió en que «en el área de contratación, según la muestra analizada, vemos como la gestión no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado incumplimientos, como el elevado riesgo de incurrir en fraccionamiento indebido de contratos».

La diputada del PPCV en Les Corts subrayó que «el PSPV no puede seguir escondido en sus luchas internas, deben dar la cara y explicar este descontrol en el gasto público», además, «en este caso debe ser quien ostentaba la Conselleria de Emergencias, quien con estos datos que ahora hemos conocido, demuestra una vez más su nefasta gestión al frente de la misma».

La portavoz adjunta del grupo parlamentario popular recordó que «el president Mazón adelantó la realización de una auditoría tras detectar que en los últimos cuatro años del Botànic, se adjudicaron a dedo 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros» asimismo, ha remarcado que «tan solo cuatro empresas de las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental han recibido una valoración positiva por parte de los auditores y de la intervención de la Generalitat». Además de la auditoría que impulsa el Consell de Mazón, PP y Vox llevarán adelante en Les Corts una comisión de investigación sobre la gestión del sector público durante los años del Botánico.