El Consell votará en contra hoy de acoger a 500 menores inmigrantes

De esta forma, el PP cumple con uno de los compromisos que impuso Vox en materia migratoria para dar el visto bueno a los Presupuestos de Mazón. La aprobación de las cuentas supuso un balón de oxígeno para el presidente, acorralado por la gestión de la dana y su falta de transparencia en las horas clave de la emergencia.

Asunto diferente será que este voto en contra se traslade posteriormente a un rechazo efectivos en el acogimiento de inmigrantes. La vicepresidenta del Gobierno valenciano considera una falta de respeto institucional la idea del Ejecutivo. «Una convocatoria realizada burlando el reglamento para llevar a cabo un nuevo atropello a las competencias de las autonomías, que desde la Comunitat Valenciana no vamos a tolerar».

A este respecto, Camarero criticó que el reparto recogido en el Decreto «es una decisión hecha a la medida de los intereses de los socios independentistas de Pedro Sánchez, que genera una injustificable desigualdad entre las comunidades autónomas». La dirigente popular lamentó que Sánchez pretenda que las autonomías »avalemos un decreto ley que establece un mecanismo de protección de menores que es claramente inconstitucional al invadir competencias de las comunidades autónomas y un intento de Sánchez de mercadear con los menores para satisfacer las demandas del independentismo catalán».

Así, recordó que la incapacidad del Gobierno con «su nula política migratoria» está provocando «desde hace años una crisis humanitaria sin precedentes». En este escenario, sin presupuestos y sin negociación, «pretende hacernos responsables de su incapacidad política».

La Generalitat ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta decisión del Gobierno de Sánchez que supone una clara «injerencia en las competencias propias de la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores».

Además, la vicepresidenta primera expresó en un comunicado su rechazo a los criterios de reparto. «No tiene en cuenta las comunidades que, como la valenciana, han realizado un importante esfuerzo a lo largo de estos años en la acogida de menores migrantes». La responsable del sistema de protección alerta de que los recursos de ocupación están «al 160% pese a haber ampliado las plazas el año pasado». El sistema, siempre según el PP, »no soporta una nueva ocurrencia de Sánchez para poner un parche en la acogida de menores, que requiere de una política migratoria seria, que impida que las mafias sigan jugando con la vida de los menores«.

En este sentido, Camarero añadió que esta propuesta «perpetúa una distribución injusta que no reconoce el compromiso y la labor de las comunidades que han asumido una carga significativa en la protección de estos menores, lo cual resulta fundamental para garantizar una política de acogida equitativa y solidaria en toda España».

Igualmente, Susana Camarero ha pedido al Gobierno que deje de utilizar la crisis migratoria de menores como arma política y asuma su responsabilidad como Estado. En su opinión, el Gobierno sigue sin establecer un plan de actuación responsable y humanitario, con la dotación necesaria.

La vicepresidenta, además, lamentó que se convoque de «manera ilegal» la Conferencia Sectorial de Infancia, sin cumplir con el reglamento y sin convocar la comisión para fijar el orden del día. Esto, según ella, ha impedido que las autonomías puedan preparar de manera eficaz esta reunión. En este sentido, recriminó «el intento del Gobierno de que las comunidades avalemos un reparto hecho con criterios políticos en el que Madrid, Andalucía y Valencia se repartan 50% de los 4.000 menores de Canarias, mientras el reparto deja a Cataluña con 30 menores, apenas un 0,62% del total a repartir».