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El olvidado del caso Cooperación

El olvidado del caso Cooperación

El testaferro de Tauroni sigue en Bolivia sin ser reclamado por la Audiencia | Adolfo Soler, exmiembro de Unión Valenciana, evitó el juicio al alegar una enfermedad que le impedía viajar

A. Rallo

Valencia

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Miércoles, 18 de noviembre 2020

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Adolfo Soler, el testaferro del cabecilla de las ONG, Augusto César Tauroni sigue -o al menos esas son las últimas noticias- en Bolivia. Es el acusado más 'afortunado' de toda la trama de saqueo de fondos del caso Cooperación. En la primera pieza, declaró como testigo. En la segunda, no llegó a comparecer en el juicio por su delicado estado de salud. Desde entonces, hace más de año y medio, la inactividad de la Audiencia y las acusaciones le ha beneficiado. «No hay ninguna requisitoria», informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes de las acusaciones indicaron que existe la correspondiente pieza separada y que Soler está declarado en rebeldía. Pero, de momento, nadie ha activado el proceso para traer a este procesado ante los magistrados que deben juzgarle. Ni el tribunal ni las acusaciones. Pese a que en el verano de 2017 ya se interesó, por parte del entonces responsable de la Fiscalía, el traslado forzoso de este acusado, al que se le reclaman nueve años de cárcel. Existe un convenio con el país Bolivia por lo que no existiría problema en la extradición suponiendo que siga en ese país, algo que las fuentes consultadas no pueden asegurar.

Adolfo Soler fue contratado en una de las empresas de Augusto César Tauroni gracias a la intermediación de un dirigente de Unión Valenciana que buscaba hacer un favor a este compañero de partido. Se trataba de que cotizara durante unos años para que le quedara una pensión más holgada. Tauroni le dio cobijo como comercial en Dinamize, una de sus firmas dedicadas a la informática. Pero también formó parte de una de las organizaciones con las que el empresario, amigo del conseller Rafael Blasco, concurría en la búsqueda de ayudas del Tercer Mundo: la Fundación Hemisferio.

El considerado como testaferro se marchó a Bolivia en 2011 cuando ya se había iniciado una investigación judicial sobre la concesión de ayudas al entramado que dirigía Tauroni. Durante este tiempo ha estado a disposición de la Justicia y ha declarado en la fase de instrucción. Se le asignó, en su día, un abogado de oficio. Desde su repentina marcha al otro lado del Atlántico, al parecer, no ha vuelto a Valencia. Según el mismo explicó a la jueza de Instrucción 21 subsistía en Bolivia con dos pensiones de España: una de viudedad y otra de jubilación, que sumaban 1.270 dólares. De ellos, pagaba 400 dólares de alquiler y unos 100 más entre luz, agua y un seguro de enfermedad. «Puedo mantenerme por ser este un país barato. En Valencia no podría vivir», lamentó en su día.

El imputado afirmó en aquella declaración por escrito que llegó a Bolivia el 12 de enero de 2012 y que desde entonces no ha podido viajar a Valencia a visitar a su familia porque las dos pensiones juntas no le permiten comprar un billete de avión.

La sentencia del caso Cooperación se conoció en abril de este año, casi nueve meses después de que terminara la vista. El fallo no contentó a las acusaciones, en especial, a la Generalitat porque no abordó el pago de la responsabilidad civil y remitió esta cuestión a un futuro pronunciamiento del Tribunal de Cuentas. La Abogacía ha recurrido la decisión al Tribunal Supremo y reclama más pena para los cabecillas, Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y el funcionario Marc Llinares.

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