La maraña judicial del excomisionado José María Ángel

La Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación para aclarar si los hechos revisten responsabilidad penal. El plazo de las diligencias, asumidas por Anticorrupción, es de un año. Tras este periodo, el fiscal puede pedir una prórroga si necesita continuar con las indagaciones. En ningún caso es necesario agotarlo. En cualquier momento, no obstante, si aprecia indicios delictivos puede judicializar el asunto.

Pero esta tarea no siempre resulta sencilla. De hecho, en el caso del exalcalde de la Eliana esta cuestión es especialmente complicado. Una de las variables, la fundamental, es el tiempo transcurrido. La falsificación del documento, el eventual título de licenciado que en aquella época ni siquiera existía como tal, se produjo a principios de los ochenta. Por tanto, eso quedaría más que prescrito.

La única posibilidad, según algunas fuentes judiciales, sería encontrar un momento en el que José María Ángel volviera a usar ese documento para acceder a un nuevo puesto o incluso para beneficiarse de una promoción interna o de cualquier otro proceso. Sería una repetición de lo que presuntamente ya cometió nada más entrar en la Diputación de Valencia. En resumen, que volviera a utilizar ese documento falsificado para mejorar su posición en la Administración, una situación que se ignora y que deberá aclarar la Diputación, en el caso de que sea requerida. En ese supuesto –de entrada, poco probable– estaríamos ante una falsedad en documento oficial cometida por funcionario público.

El escenario, sin embargo, no es pacífico. Las fuentes consultadas no coinciden en un dictamen único acerca del delito cometido por José María Ángel y que todavía deparara consecuencias penales. En un primer momento, se apuntó la malversación por desviar un dinero –su sueldo– cuando no reunía las condiciones para recibirlo. Pero esto planteaba dos problemas. Uno que las cantidades no estaban bajo su control y el otro que el trabajo, en realidad, se hizo. Al menos todo el tiempo que estuvo en la Diputación cumplió con el trabajo que debía desempeñar.

El político socialista cobró unos 850.000 euros de la Diputación de Valencia a lo largo de su trayectoria, según los datos oficiales. Unas cantidades que sumadas al sueldo de su mujer –en su última etapa subdirectora del MuVIM sin disponer de la titulación– han permitido a la pareja disfrutar de una vida holgada siempre bajo el manto protector del PSPV.

Otro de los supuestos que se plantean sobre el papel es el del 402 del Código Penal, el de la usurpación de funciones. Un artículo que castiga a quien «ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial». La pena puede ser de hasta tres años de prisión. Algunas fuentes apuntan a que la conducta de Ángel sí encajaría en este supuesto, mientras otros plantean el inconveniente de que, en realidad, el ahora sospechoso fue nombrado por la Diputación, aunque se articulara bajo un engaño. No estaría pues simulando ser funcionario. Este tipo delictivo, por ejemplo, se da en ocasiones en las que uno se hace pasar por policía sin serlo.

Otra posibilidad sería la del siguiente artículo, la del 403. Esta redacción vendría a castigar a quien «ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente». Pero también esto reúne dudas acerca de una interpretación «extensiva» del Código Penal porque el espíritu de esta norma apunta más a ejercer una profesión sin el título. Por ejemplo, un fisio, un médico o un ATS.

Las dudas benefician al político socialista, apartado ya de cualquier actividad y que confía en que el caso se cierre sin consecuencias. Su mujer, Carmen Ninet, otras de las dirigentes pata negra del PSPV, ha anunciado que se jubila. La decisión se produce después de que la Diputación le abriera un expediente para aclarar si disponía de un título universitario. Respondió que ella no debía acreditar ninguna documentación y, un mes más tarde, anunció su marcha. Un caso, el de este matrimonio de l'Eliana, que ha sacudido a toda la dirigencia del PSPV.