La jueza sienta en el banquillo al novio de Ayuso acusado de cinco delitos

Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional este procedimiento tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, tomó la decisión de sentar en el banquillo a Alberto González Amador poco después desoír el último intento del imputado por retrasar el juicio al rechazar su petición de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó el 1 de septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

Medel, que está al frente de la causa solo hasta que Antonio Viejo tome posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, abrió juicio oral después de zanjar que «no ha lugar a la suspensión interesada» ya que las apelaciones al Audiencia Provincial con «carácter general» no son «suspensivas» del proceso cuando se trata de un « procedimiento abreviado» como el actual.

Así las cosas, González Amador solo podría evitar el juicio si los magistrados de la Audiencia Provincial estimaran 'in extremis' su recurso de apelación, en el que el imputado denunciaba que se habían conculcado sus derechos porque no se habían practicado en fase de instrucción varias de las diligencias que había solicitado. En este juicio, la pareja de la presidenta de Madrid se enfrentaría a unas peticiones que van de los tres años y nueve meses a los cinco años de prisión.

Fue el pasado 29 de mayo cuando Iglesias puso punto final a más de un año de instrucción dictado un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La instructora entonces también propuso juzgar en este mismo procedimiento al supuesto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y a otras tres personas (David Herrera Lobato, y los hermanos José Antonio y Agustín Carrillo Saborido), acusadas de haber colaborado en la comisión de los delitos.

Iglesias cerraba así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indagaba sobre el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros. Sigue instruyéndose otra pieza en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

La instructora Iglesias, en esencia, consideró entonces ciertas las conclusiones de la Agencia Tributaria (ratificadas el pasado marzo por dos inspectoras) de que González Amador se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados (de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil) con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.

La jueza no atendió en mayo el argumento de la defensa de que todo fueron discrepancias «técnicas» y «fácticas» y consideró probado que con esas maniobras González Amador dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 de la la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S. L. una cuota de 155.000 euros y por ese mismo impuesto de 2021, una cuota de 195.951 euros.

En el marco de esta pieza principal fue en el que en febrero de 2024 el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un mail al fiscal Julián Salto, que investigaba el supuesto fraude del empresario, en el que reconocía que su cliente efectivamente había cometido ese doble delito fiscal y en el que se mostraba dispuesto a alcanzar un acuerdo para solventar este asunto con una multa y una pena mínima de prisión que no supusiera la entrada en la cárcel. Aquel polémico mail fue el que se acabó filtrando a la prensa en marzo del pasado año y que ha acabado con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el banquillo del Tribunal Supremo por revelación de secretos.

Al margen del procedimiento al fiscal general y de esa pieza principal por la que el novio de la presidenta autonómica va a ser juzgado salvo que la Audiencia Provincial lo evite en el último momento, la justicia investiga desde el pasado octubre al empresario en una pieza separada que se basa en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L», su pagador.

La acusaciones defendieron que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención», Fernando Camino.