El juez que rechaza escritos en catalán recuerda que el Poder Judicial le respaldó

El juez que rechaza escritos en catalán recuerda que el Poder Judicial le respaldó
Irene Marsilla

El magistrado envía un informe al TSJ, que mantiene abierta una investigación tras la queja de una asociación

A. Rallo
A. RALLOValencia

El titular del juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante, José María Magán, concentra una enorme polémica desde que se difundiera que no acepta escritos en catalán y obligara a la Generalitat de Cataluña a traducirlos al castellano para incorporarlos a la causa. Desde entonces, una ofensiva judicial por parte del número 2 de la Conselleria y ahora de una asociación en defensa de la lengua catalana pone en el punto de mira su actuación.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) abrió una investigación para aclarar la reciente queja de la Plataforma per la Llengua, entidad que reclamaba la apertura de un expediente y una sanción contra el juez. La organización, que se define como la ONG de la lengua catalana, defiende la equivalencia de las denominaciones de valencià y català tanto en el ámbito universitario como en el jurídico y el administrativo. Además aportaron en su protesta el dictamen de la Academia Valenciana de la Llengua como prueba de que el valenciano es una variedad de la lengua catalana. Consideraron que la conducta del magistrado supone vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recoge que las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán plena validez sin necesidad de traducirlos.

El titular del juzgado se ha visto obligado a informar de su actuación tras las diligencias informativas abiertas por el TSJ. En su informe, remitido al alto tribunal, subraya que la asociación (Plataforma per la Llengua) no es parte del procedimiento en cuestión. El asunto era una cuestión de competencia en la que era parte la Generalitat de Cataluña. Es más, la entidad no está personada en ningún caso que se haya llevado en el mismo órgano. «Desconozco los motivos de esta asociación para pedir un expediente disciplinario contra mí». Además, recuerda al TSJ que idéntica cuestión a la que ahora se plantea ya ha sido resuelta por el promotor de la Acción Disciplinaria del Poder Judicial. Llama la atención sobre las coincidencias entre ambas quejas, que aportan la misma documentación. Subraya que el Poder Judicial únicamente le notificó el archivo de las diligencias «ante la extravagancia» de la queja sin pedirle siquiera un informe. Esta actuación fue promovida por el entonces número 2 de la Conselleria de Justicia, Ferran Puchades, sin el conocimiento de la consellera Gabriela Bravo, que es fiscal. Al parecer, todo se inició tras una indicación de la Conselleria de Educación, dirigida por Marzà.

El Poder Judicial entendió que la decisión del juez se enmarcaba dentro de su ámbito jurisdiccional y no era posible cuestionarla más allá de los correspondientes recursos en el juzgado. El magistrado de Alicante entiende que la respuesta del TSJ no puede ser otra que el archivo, tal y como hiciera en su día el propio órgano de Gobierno de los jueces.

El juez aprovecha para profundizar en algunas de las cuestiones planteadas por la asociación catalana como que él tenía reconocido en su curriculum el mérito del conocimiento del catalán. «Eso es una verdad a medias», responde. Remite al acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ en la que se indicaba su competencia «en dos idiomas distintos»: valenciano y catalán. Dispone, además, de dos titulaciones diferentes, como son el Grado C y el Grado Superior. «El CGPJ reconoce por separado y como idiomas distintos el catalán el valenciano». De igual modo, define como «inquietante» que cualquiera - «en el sentido más extenso de la palabra»- se permita sin más formular una «queja» sin ostentar legitimación.

Todo se inició cuando la Abogacía de la Generalitat de Cataluña entregó sus escritos en catalán. Tras el rechazo del juez y la orden de que los tradujera al castellano, insistieron con documentos en el mismo idioma. El juez advirtió de que si volvían a desobedecerle acudiría a la Fiscalía. Tras esto, el escrito se presentó en castellano. El titular argumentó en su resolución que «la lengua en la que el escrito remitido está redactado (catalán) no es coincidente con la declarada como oficial en la Comunidad a la que el escrito se dirige», es decir, la valenciana.