El juez procesa al hermano de Ximo Puig por delitos de estafa y falsedad

El auto de incoación del procedimiento abreviado es una resolución que equivale al de procesamiento y pone punto final a la instrucción. El cierre de la investigación con este auto supone que el instructor encuentra indicios de criminalidad en los imputados. De esta forma da traslado a la Fiscalía y al resto de acusaciones, el PP entre ellas, para que presenten sus correspondientes escritos de acusación si consideran que los hechos revisten responsabilidad penal. En caso contrario, solicitarían el archivo. No se pueden practicar más diligencias porque la instrucción está agotada. La posición de la Fiscalía durante todo este procedimientos anticipa que acusará al hermano de Ximo Puig y su socio.

En el escrito, que asume buena parte de las tesis de la acusación dirigida por el abogado valenciano Víctor Soriano, se señala que los hechos punibles objeto del procedimiento «descartan la comisión de un delito de fraude de subvenciones» porque la cantidad defraudada no alcanza el importe de 120.000 euros, atendiendo al tipo penal vigente en el momento de comisión de los hechos. «Ello no obsta, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal en un escrito que de forma profusa desgrana los hechos y los indicios que obran en la causa contra los investigados Francisco Puig Ferrrer y Juan Enrique Adell Bover, que no concurran en el presente caso indicios claros de la comisión de otros dos tipos penales, estafa y falsedad, que justifiquen el dictado del auto de procedimiento abreviado. Se ha de excluir necesariamente el sobreseimiento».

El juez señala que las conductas investigadas son relevantes tanto por esos hechos como «por los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados».

En el informe del fiscal se señala que, de la investigación llevada a cabo se deduce que «se ha incorporado facturación de empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas, que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documento mencantil». El ministerio público se refiere a Mas Mut Produccions, una de las firmas de Francis Puig, y considera que «puede ser considerada una empresa ficticia o instrumental», remarca que al tener domicilio fiscal en Teruel no debería de haber tenido acceso a subvenciones de la administración valenciana y añade que la mayor parte de la facturación aportada podría ser «falsa o creada con esa finalidad».

El informe del ministerio público detecta, en concreto, el pago de «13 facturas en 2015 que no ha quedado acreditado», albaranes y facturas con conceptos genéricos, la existencia de una sede en Calaceite «que no podía prestar servicio porque no hay conexión telefónica» y de los contenidos tampoco se puede confirmar que sean ciertos, puesto que son genéricos, en ocasiones idénticos y algunas facturas tienen idéntica fecha».

El fiscal remarca que aún cuando no se cumple el requisito del mínimo de 120.000 euros para que los hechos puedan ser considerados punibles, «en los supuestos en los que se dan todos los requisitos del delito de estafa (en gaño, error, perjuicio y desplazamiento patrimonial)… los hechos pueden ser constitutivos del delito de estafa».

En su escrito, el ministerio público advierte que, en el caso de Comunicacions dels Ports, otra de las firmas de Francis Puig, los informes de la Policía Judicial advierten de «facturas ciertas no subvencionables», por un lado, porque «los gastos no están relacionados con la actividad subvencionada». Por otro, por «gastos no realizados, al pagarse a proveedores posteriormente al plazo máximo para justificar la realización de la actividad subvencionada». Y por último, por facturas con indicios «de que puedan ser consideradas como falsas, por duplicación, autofacturación, facturas cruzadas, falta de pago o porque no han sido aportadas por el proveedor».

Estos hechos, remarca el ministerio público, incorporación de facturas duplicadas y cruzadas, «podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil». Se detalla que aparecen facturas duplicadas de energía eléctrica «que han podido ser creadas para poder obtener una subvención mayor». También aparecen facturas cruzadas entre Comunicacions dels Ports y Kriol Produccions y Canal Maestrat, ambas de Adell Bover, para las que se considera que también han podido ser creadas para la obtención de mayores subvenciones de las correspondientes.

En TVCS, otras de las firmas de Adell Bover, se señala que aparecen facturas que podrían ser falsas, porque «no hay asiento bancario de abono» y tampoco hay «contrato con el proveedor», hay videos «cortados o separados que pudieran estar en más de una factura» y los archivos aportados por la firma «no pueden confirmar que se corresponden con los gastos declarados en las facturas debido a los conceptos genéricos».

El fiscal considera que existen indicios de que el hermano de Puig y Adell Bover «pudieron establecer una relación fraudulenta dirigida a simular gastos entre ellas para obtener mayor cuantía en cada una de las subvenciones».