La juez interrogará al novio de Ayuso el 20 de mayo por presunto fraude fiscal y falsedad

El novio de Ayuso está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsificación de facturas falsas. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid abrió diligencias el pasado 22 de marzo y acordó abrir causa a los cinco denunciados por el Ministerio Público por estos dos delitos.

El auto de la magistrada Inmaculada Iglesias detalla el contenido de la denuncia de la Fiscalía sobre un presunto fraude tributario relativo al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, que se atribuye a la empresa Maxwell Cremona - administrada por González Amador- por una cuota de 351.000 euros, y otro delito de falsedad en documento mercantil.

Dicha sociedad aumentó el volumen de su negocio durante sendos ejercicios en 3,6 millones (en 2017 apenas facturó 8.000 euros). El delito de falsedad radicaría en la indebida deducción de gastos en una docena de facturas valoradas en 1,9 millones, que no se corresponden realmente con los servicios prestados «con la finalidad de eludir su tributación», según la denuncia de la Fiscalía a partir del expediente de la Agencia Tributaria.

Tras ocho meses de investigación de Hacienda en la que González Amador -pareja ya de Díaz Ayuso- no regularizó su situación tributaria, el pasado 22 de enero la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid recibió el expediente para iniciar la vía judicial.

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación y el 7 de febrero formalizó su denuncia. Según el fiscal del caso, Julián Salto, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único: Alberto González Amador.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios (3,6 millones de euros gracias a la mediación por un contrato de mascarillas con la empresa catalana FCS, adjudicataria del Ministerio de Sanidad), llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación".

Luego se supo que con los beneficios obtenidos adquirió al menos una vivienda en el centro de Madrid y un vehículo de lujo marca Maserati. Un automóvil que tiene varias multas pendientes del Ayuntamiento de Madrid por el abono pendiente de dos anualidades del impuesto de circulación y sanciones viales.