El juez imputa a otros cinco altos funcionarios de Igualdad por la gestión del caso del ex de Oltra

El juez pretende seguir profundizando en la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra. El juzgado ha dictado este viernes un nuevo auto por el que imputa a cinco cargos de la Conselleria de Igualdad. El más relevante es, sin duda, el de Rosa Molero, directora general de Infancia y Adolescencia. Molero es alto cargo, es decir, su nombramiento depende directamente de la consellera. El suyo es un puesto de confianza.

Esta citación supone un salto cualitativo en las diligencias ya que por primera vez la investigación salpica a una persona del círculo más estrecho de la vicepresidenta. Molero fue la persona que dio la orden de abrir el expediente administrativo, según desveló esta semana Isabel Serra, otra de las investigadas, ante el titular de Instrucción 15. Ese expediente terminó siendo una "instrucción paralela", según la sentencia de la Audiencia.

El instructor también ha convocado al juzgado a Gema Plaza, subdirectora de Infancia y justo por debajo de Molero en el organigrama de la conselleria. Jesús Esquiu y María Amparo Nogués, personas que participaron en cierta medida en la confección del expediente, pasan con esta resolución a ser considerados imputados. Completa el nuevo grupo de investigados, una técnico de la sección del Menor. En total, ya son 13 las personas encausadas por este delicado asunto.

La condena del educador a cinco años de cárcel con duras críticas a la gestión de la Generalitat supusieron un duro golpe para el departamento de Oltra. De igual modo, la presión política, con todos los grupos de la oposición, no ha dejado de incrementarse desde entonces. El asunto ha captado la atención de medios de difusión nacional.

El contenido de esa sentencia sirvió para que la menor, representada por José Luis Roberto, presidente del partido España 2000 y una entidad vinculada a la comentarista Cristina Seguí presentaran diferentes querellas con unos hechos similares. Una vez ya admitidas a trámite se unió Vox.

Apenas unas semanas de instrucción han permitido, según el criterio del juzgado, llegar a un «hecho difícilmente controvertible que cuando desde la Dirección General se solicita a la Dirección Territorial que se abra un Expediente Informativo o Información Reservada sobre los hechos, los mismos se habían judicializado semanas antes y ello había sido debidamente comunicado a la Dirección Territorial constando registro de entrada del Auto dictado con su sello correspondiente en todas y cada una de las hojas del citado Auto».

El instructor ha alcanzado este convencimiento de que la dirección de la Conselleria tuvo conocimiento de la apertura del expediente por una documentación que aportó esta misma semana otra de las investigadas, Carmen Fenollosa.

Ahí, entre todo el expediente figuraba ese auto con fecha 28 de julio que, en su día, fuentes de la conselleria sostuvieron que sólo conocieron a partir del 8 de agosto. El razonamiento del juez continúa con el siguiente párrafo: «Se quiera admitir o no y en definitiva, se emprendió una investigación paralela a la que se estaba siguiendo, ya en ese momento, por el Juzgado de Instrucción no 12 de Valencia y debe ser esclarecido el motivo de tales actuaciones». El motivo que hasta la fecha sostienen las acusaciones particulares y populares es que todo ese expediente respondería al intento de ocultar este caso de abusos o en la medida de lo posible atenuar la responsabilidad de la Conselleria.

Una tesis, esta última, que ya fue apuntada en la sentencia de la Audiencia de Valencia que condenó a cinco años al educador. El objetivo de las acusaciones, adelantado ya por alguna de las partes, es reunir todos los indicios posibles de la participación de Oltra en todo este procedimiento. Entonces solicitarían al juez que remitiera una exposición motivada al TSJ, el único órgano que puede tomar declaración a la consellera y vicepresidenta al ser aforada.

Las declaraciones de Isabel Serra y Carmen Fenollosa, cargos de Igualdad, no han aportado luz a las sospechas que plantean las acusaciones. La primera ofreció un testimonio parco en detalles y derivó su responsabilidad tanto a los subordinados como superiores. El instructor, que acostumbra a ser muy minucioso durante las declaraciones, mostró su sorpresa ante la escasa consistencia de las respuestas de la exdirectora y le reprochó, en un momento dado, que le estaba dejando perplejo. En concreto, cuando la mujer afirmó que desconocía la existencia de un procedimiento penal en marcha cuando ella decretó la apertura de un expediente que terminó convirtiéndose finalmente en un dosier para desacreditar y restar credibilidad a la menor.

Algunos de los acontecimientos que afectan a Serra como el envío de un oficio desde Fiscalía en el que le pedían que enviara la actuación que se había efectuado sobre la menor –los hechos son de febrero- se producen durante las vacaciones de esta responsable, según indicó. Esas comunicaciones las reenvió desde su móvil al personal de la Conselleria.

La comparecencia de Fenollosa no se saldó con un balance más positivo. Tras iniciar el juez el interrogatorio sobre la polémica recepción del citado auto se «bloqueó», según coinciden fuentes presenciales. Tras esto, sus respuestas se convirtieron en dudas constantes y falta de concreción. La incógnita se centra en conocer quién tuvo conocimiento y cómo funcionó o dejó de funcionar la cadena de comunicación en un departamento autonómico. «¿Nadie avisó a la vicepresidenta de que había unas diligencias abiertas»?, llegó a preguntar preguntó el juez a Fenollosa. La vicepresidenta siempre ha sostenido que se enteró de la existencia de este procedimiento el 4 de agosto y por su vínculo familiar con el acusado, no por su condición de consellera.

El Partido Popular no ha tardado en reaccionar antes esta nueva resolución judicial. La sindica María José Catalá ha calificado de «insostenible» la situación de la vicepresidenta Oltra. «Puig no puede seguir poniéndose de perfil. Es insostenible la situación de su número 2 que hace mucho tiempo debería haber dimitido. Tanto por las nuevas imputaciones como por las contradicciones de los testimonios, como por el rosario de las deficiencias que ha detectado el Síndic de Greuges». La responsable popular considera necesaria una comisión de investigación. «Si la izquierda fuera coherente con todo lo que ha predicado y exigido durante tanto tiempo, no debería impedir esta comisión». Además, reclama a Puig que tome «cartas en el asunto» ante la inacción de Oltra.