El juez del caso Francis Puig se harta de la conselleria: lleva tres meses esperando un escáner

La paciencia del titular de Instrucción 4 de Valencia, el juzgado que ha dirigido este procedimiento, parece agotada. El magistrado decidió suspender los plazos de esta causa el pasado 26 de marzo. Se trataba del momento procesal en que se dio traslado a las acusaciones y defensas para que presentaran sus correspondientes escritos tras el auto de procesamiento. En el caso de los primeros se trataba de pedir la apertura del juicio oral. El PP, por ejemplo, ya lo hizo. Reclama cerca de diez años de cárcel al hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig y a su socio de cabecera, Adell Bover, en la presunta red de captación de ayudas públicas para el fomento del valenciano.

Sin embargo, tanto las defensas como la acusación pública necesitaban consultar el abundante material, facturas fundamentalmente, para la elaboración de sus escritos. El titular del órgano reclamó a la Conselleria de Justicia, según la providencia notificada recientemente, medios materiales «para la digitalización de la causa».

Pero este requerimiento no ha sido atendido. Y eso pese a los «múltiples recordatorios», precisa el magistrado. Al parecer, el problema no reside en el aparato -estaría físicamente en el lugar- sino en la instalación de la máquina, comentan otras fuentes. Casi resulta peor esta segunda opción.

Desde Justicia, en cambio, ofrecen otra versión. A la conselleria no le consta queja al respecto. «Nunca ha dejado de contar con servicio de escáner (mínimo dos escáneres), aún así estos días se está proveyendo a distintos juzgados de más dispositivos, por lo que esta semana está previsto que cuente con al menos 4 dispositivos», explicaron las mismas fuentes.

La incidencia ha generado un mayor retraso en la causa, situación que el juzgado no quiere que se prolongue. Por eso, ha decidido reactivar de nuevo los plazos y conceder 30 días a las partes para que puedan acudir al juzgado a consultar el expediente de manera física. No resulta, desde luego, la manera más cómoda de trabajar y menos en una Administración que ha puesto todo su esfuerzo en los expedientes judiciales.

La Generalitat, por su parte, también se ha personado recientemente en la causa. La Abogacía pretende reclamar el perjuicio causado a la Administración con la concesión de estas subvenciones.

El origen de las sospechas se remonta a cuando el conocido como cártel de las productoras fue sorprendido en un pacto de precios para repartirse las corresponsalías de Á Punt. Fue la propia cadena la que denunció. Competencia les impuso una multa de 42.000 euros.

El asunto arrancó finalmente con una denuncia del PP. Desde los inicios, la Fiscalía Anticorrupción apreció que el caso tenía cierto recorrido, aunque ha ido cambiando los delitos para que encajaran en los hechos que ha desvelado la investigación.

Primero se apuntó a un fraude de subvenciones y más tarde a la falsedad en documento y la estafa. La Intervención de la Generalitat calculó que existían al menos unos 70.000 euros concedidos de manera indebida.

Entre las conductas investigadas son relevantes tanto por esos hechos como «por los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados», recogía el auto de procesamiento.