La jefa de Servicios Jurídicos de Antifraude deja el puesto antes de cumplir un año en el cargo

Joan Llinares, entre el conseller Alcaraz y el presidente de Les Corts, Enric Morera. /Damián Torres
Joan Llinares, entre el conseller Alcaraz y el presidente de Les Corts, Enric Morera. / Damián Torres

El adiós de Sáenz de la Torre se suma al de otros funcionarios y la inestabilidad es la tónica en el órgano que preside Joan Llinares

Héctor Esteban
HÉCTOR ESTEBANValencia

En la Agencia Valenciana Antifraude unos vienen y otros van. La realidad es que en su corta vida han sido muchos los que han optado por abandonar el puesto al no aclimatarse a un órgano dirigido por Joan Llinares que no termina de rodar del todo bien. Una de las últimas en irse ha sido, según las fuentes consultadas, la que hasta no hace mucho fue jefa de servicio de Asuntos Jurídicos, María Pilar Sáenz de la Torre, que no ha estado ni un año en su puesto de trabajo.

El 25 de abril el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba el nombramiento de Sáenz de la Torre junto a otras cinco personas para formar parte del órgano que vigila que todos los movimientos de la administración entran dentro de la legalidad y que atiende las denuncias de los ciudadanos sobre comportamientos de la administración públicas que no entran dentro de las prácticas del buen gobierno. Las resoluciones de estos nombramientos fueron aprobadas por Joan Llinares el 19 de marzo del año pasado.

El trayecto de la que era hasta hace poco Jefa de Servicios Jurídicos del órgano ha sido más bien corto y, según las fuentes consultadas, su salida no ha sido amistosa. Sáenz de la Torre, según las fuentes consultadas, quería dejar el cargo, lo que exige una declaración de cese por parte del director de Antifraude que se considera un trámite en estos casos. El problema, al parecer, llegó con las razones que expuso Llinares para respaldar el relevo de la funcionaria. Unos argumentos que, según las mismas fuentes, no gustaron a Sáenz de la Torres, que presentó un recurso contra la resolución firmada por el director de la Agencia Antifraude enumerando los motivos de su marcha.

Llinares no aclara los motivos de la renuncia: «La explicación la debe dar la funcionaria»

Llinares atendió ayer la llamada de este periódico pero su respuesta no aclaró la situación. El director de la Agencia no quiso confirmar si la jefa de los Servicios Jurídicos dejaba el puesto por unos motivos concretos y si había problemas con el contenido de la resolución. «Es un tema que habría que preguntarle a la funcionaria, yo no me voy a pronunciar. Es un tema personal», se limitó a señalar el presidente de la Agencia Antifraude. La salida de Sáenz de la Torre no deja huérfana el área, ya que tenía por encima, como directora del área de Servicios Jurídicos, a Teresa Clemente, cuyo nombramiento fue publicado en el mismo DOGV.

La salida de Sáenz de la Torre no es la primera, ya que en los últimos meses han sido varios los funcionarios que han decidido cambiar de aires. El que fuera jefe de servicio de la Generalitat y Sector Público José Vicente Martínez abandonó el puesto de libre designación medio año después de ser nombrado. Otro de los que también dejó el puesto fue el director de Análisis e Investigación de la Agencia, el abogado de la Generalitat Miguel Ángel Cervera, cuyo nombramiento fue publicado en el mismo DOGV que el de la jefa de Servicios Jurídicos. El director de Administración, Juan Casades, también dejó el puesto.

Para sustituir a Miguel Ángel Cervera ha llegado el teniente de la Guardia Civil con destino en la Unidad Central Operativa (UCO) Marcial González González que, según publicó El Confidencial, aterriza para elaborar un informe sobre el 'caso Zaplana' para determinar si se amañaron los concursos del plan eólico y de las ITV a favor de las empresas de la familia Cotino. La resolución firmada por Llinares avala la llegada de este mando de la Guardia Civil «por su dilatada experiencia profesional y su formación, de carácter especializado en la lucha contra la corrupción y la investigación». La estabilidad no ha sido una tónica en Antifraude. De hecho, la precariedad le ha llevado a pedir auxilio en forma de servicios jurídicos a Les Corts Valencianes. Una petición que recibió la respuesta negativa del Parlamento autonómico.

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