El informe pendiente del juez: saber si el ex de Oltra vivía con ella durante los abusos

Son pocas las esperanzas de la vicepresidenta Oltra de esquivar la declaración como investigada. Menos todavía después del informe de la Fiscalía, que ve indicios relevantes para abrir una causa penal por un supuesto encubrimiento desde la Administración de la denuncia por abusos contra su exmarido.

La Fiscalía, además, insta a que se acuerden todas las diligencias necesarias para acreditar el papel de la vicepresidenta en esta confusa historia. Lógicamente, como no puede ser de otro modo, esto incluirá su declaración como investigada. Al margen se podrán solicitar otras diligencias tanto de cargo como de descargo para dilucidar el rol de Oltra.

El juez de Instrucción 15 ya comenzó a enfocar la instrucción en este sentido. De hecho, pidió un informe al Ayuntamiento de Ribarroja en el que certifique las personas empadronadas en la vivienda de la vicepresidenta durante el año 2017.

Los abusos, según la sentencia de la Audiencia ratificada por el TSJ, se produjeron en la última parte de 2016 y principios de 2017 sin que la víctima recordara el número de episodios. Oltra, según su comparecencia en Les Corts, la hoja de ruta de todo este asunto, se enteró del caso de los abusos un 4 de agosto. Tuvo conocimiento de esto porque llegó una notificación judicial a su casa. Nunca antes su pareja le comentó este hecho como quizá sería lógico concluir.

El juez lo que pretende es aclarar el periodo que Luis Ramírez Icardi, el docente condenado, estuvo empadronado en la casa. Y quizá también otro hecho importante: cuándo dejó de estarlo. Es una realidad que el 4 de agosto, seis meses después de los abusos y de la primera investigación que abordó la Conselleria y donde se le tomó declaración al afectado, seguía residiendo, a efectos administrativos, en el domicilio de la vicepresidenta.

No es la única diligencia que queda pendiente desde aquella providencia del pasado 11 de marzo. El juzgado también ordenó a la Policía Local de Valencia que hiciera un informe acerca del recorrido de la orden de alejamiento contra el educador. Es otra de las incógnitas de esta causa. Existe polémica sobre cuándo conoció la Conselleria de Igualdad que se había abierto un procedimiento judicial contra el marido de Mónica Oltra. El titular de Instrucción 15 mantiene, según se desprende de sus interrogatorios, que fue el mismo día que dicta la orden de protección, mientras los responsables sostienen que fue una semana después.

Se ignora si estas diligencias han sido ya completadas. El tiempo transcurrido y la sencillez de la diligencia invita a pensar que sí. Pero hasta la fecha no se ha notificado a las partes. Esto quizá responda a la decisión del juzgado de paralizar la instrucción a la espera de ver qué decide el TSJ sobre la imputación de Oltra. En el caso de que abra una causa penal estos informes irían al alto tribunal, el encargado de instruir y enjuiciar a la vicepresidenta si aprecia indicios de la comisión de un delito.

Tampoco queda claro, por otra parte, cuáles son los delitos de los que sería responsable la vicepresidenta. La exposición motivada no los concreta más allá de los que pudieran desprenderse del relato del juez. Las acusaciones sostuvieron en su día que se investigaban delitos de malversación, por los costes del informe que desacreditó a la menor; prevaricación por encargar el informe sin cobertura legal y la supuesta des protección de un menor tutelado por la Generalitat.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se antoja inminente. Tras el plazo de dos días para alegaciones que concluye hoy, la Sala de lo Civil y Penal se pronunciará en breve. Puede ser esta semana o principios de la próxima. No parece que la decisión se pueda prorrogar más tiempo. Un archivo de la causa contra Oltra favorecería al resto de cargos de Igualdad que están investigados en este procedimiento. El alto tribunal también ha de decidir si asume toda la causa o únicamente lo relacionada con la aforada.