Los imputados ya no están solo en las listas del PP

Jorge Rodríguez a la salida de la Ciudad de la Justicia tras quedar en libertad. / Jesús Signes
Jorge Rodríguez a la salida de la Ciudad de la Justicia tras quedar en libertad. / Jesús Signes

PSPV, Compromís y Podemos que acecharon a los populares por la corrupción llevan ahora a investigados en sus candidaturas locales

A. Rallo
A. RALLOValencia

El concepto de presunción de inocencia depende de la óptica de cada partido. Hubo un tiempo, en plena vorágine política contra el PP por los casos de corrupción, que Alberto Fabra, acosado por los partidos que hoy conforman el Botánico, no se le ocurrió otra medida que fijar una línea roja alejada del respeto a los derechos fundamentales: cualquier imputado -entonces aún se denominaba así- abandonaría de inmediato su puesto. Aquello terminó con situaciones tan esperpénticas como investigados que dejaban de estarlo, pero no retornaban ya a la Administración. En aquel entonces, la oposición comprobaba con satisfacción una cascada de dimisiones en las filas de los populares. Desde entonces se ha producido una situación cuanto menos extraña. Mientras el celo de los populares se ha mantenido -salvo el caso de Alfredo Castelló y las supuestas irregularidades en la empresa mixta de agua- en las filas de los socialistas, los miembros de Compromís y los integrantes de Unides-Podem se ha producido un cambio de paradigma. Amparándose en diferentes argumentos -el caso Alquería no es corrupción- o en el impulsor de algunos procedimientos penales -el asesor del PP, Luis Salom- han restado valor a una investigación judicial. O es que dan ahora la importancia real a la condición de investigado, la posibilidad de defenderse en un juzgado de una acusación con todos tus derechos. En cualquier caso, ya no aprecian que esa condición sea impedimento para revalidar cargos.

LOS PROTAGONISTAS

María Oliver | Podemos
La candidata está investigada por el convenio del mapa escolar de la ciudad.
Pere Fuset | Compromís
Arrastra varias causas, como el fraccionamiento de contratos o la muerte de un trabajador por la grada de Viveros.
Salvador Femenia | PSPV
Su imputación por ser uno de los enchufados en Divalterra no le impide aspirar a ser alcalde.
Xavier Rius | Compromís
En las listas por Picanya pese a su imputación por la gestión en el Muvim como diputado de Cultura.

María Oliver, candidata de Unides Podem a la alcaldía de Valencia, es uno de los ejemplos. La edil está investigada por el convenio que firmó con un excompañero de partido y docente en la Universitat de València para la elaboración de un mapa escolar. Oliver fue citada en el juzgado hace tan sólo un mes, en plena precampaña, y entonces se acogió a su derecho a no declarar. De hecho, ya había adelantado que no hablaría si no le retrasaban la comparecencia porque el asunto le perjudicaba electoralmente. El profesor ha cargado gastos como Ipads, ordenadores, mesas y viajes a París a cuenta de los fondos públicos. Sin embargo, la concejal, en vez de adoptar una actitud más colaboradora con la Justicia, guarda silencio. Desde el partido tratan de quitar hierro con el argumento de que todo parte de una denuncia del citado Salom, pero también admiten que este caso daña la reputación de una formación que abandera la lucha contra la corrupción.

Pese al movimiento del PSPV para evitar que su candidatura en Ontinyent estuviera liderada por Jorge Rodríguez, el expresidente de la diputación de Valencia detenido en el caso Alquería, otras listas de las elecciones municipales siguen encabezadas por dirigentes salpicados por el mismo caso. Esta misma semana el juez ha citado como investigados a Víctor Jiménez y Salvador Femenia, cabezas de lista de Rocafort y Alqueria de la Comtessa respectivamente. Una circunstancia que, para la cúpula de los socialistas valencianos, se trata de cuestiones administrativas. De igual modo, José Luis Melero, número dos de la lista de Compromís por la localidad de Silla, esta en una situación idéntica a la de sus dos excompañeros de Divalterra. La dirigencia de ambas formaciones políticas han ignorado esta situación. Y lo anterior pese a que ahora el asunto proviene de Anticorrupción.

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La gestión en la Diputación de Valencia no sólo ha salpicado a los nacionalistas presentes en Divalterra. Xavier Rius, diputado provincial de Cultura y portavoz en la institución provincial, está investigado en una causa relativa a la contratación de unos mimos del MuVIM por el que podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación administrativa.

También merece lugar propio en esta clasificación, Pere Fuset, que figura en el número 4 de las listas municipales de Compromís. Dos asuntos le mantienen ocupado judicialmente: la muerte de un trabajador en el montaje de las gradas de Viveros y el fraccionamiento de contratos en Expojove, donde consta un informe de la propia Intervención del Ayuntamiento que censura el gasto de medio millón de euros por irregularidades en los contratos.

Más asuntos investigados

Aunque estos supuestos han sido los casos más mediáticos también hay otros miembros de las formaciones socialistas y nacionalistas presentes en las listas municipales que están salpicados por algún procedimiento judicial. El PP maneja informaciones que elevarían la cifra de investigados a una 25 personas, que irían en las candidaturas o estarían en algún puesto de responsabilidad. Entre ellos, se encuentra la alcaldesa de Moncada y dirigente del PSPV, Amparo Orts, investigada en la causa que surgió a raíz de la organización de las Paellas Universitarias de 2018. El juzgado de instrucción número 3 de Massamagrell, por su parte. ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 24 de mayo a los concejales del PSPV Francisco Gómez y Josefa Sepúlveda por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos y administración desleal. En Lliria, el número tres de la lista socialista, Pedro Vicente, se enfrenta a un año y medio de prisión por un delito de prevaricación y detención ilegal en grado de tentativa.

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y miembro del PSPV, también está investigado por aprobar un suelo a una concejal tránsfuga aunque en este asunto la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa. El primer edil también fue condenado por vulnerar derechos fundamentales a la oposición.

Los concejales del PP, tres años sin solución al blanqueo

El caso del blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal de Valencia acumula ya tres años de instrucción en el juzgado de Instrucción 18 y cerca de 12 meses sin que se practiquen diligencias en este asunto. La investigación está agotada, pero el juzgado sigue sin cerrar la causa o bien continuar con el procedimiento a través del auto de apertura de procedimiento abreviado. Esta es la principal queja de los investigados: la falta de respuesta. Lo que exaspera los ánimos no es el futuro sentido de la decisión sino la falta de un pronunciamiento y la ausencia de motivos que lo justifiquen. Además, a esto se ha unido la inacción del órgano judicial a numerosas peticiones de las defensas. Este hecho ya ha generado incluso escritos de queja por parte de una edil.

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