El horizonte de Begoña Gómez se nubla con cinco delitos, siete investigaciones y el jurado

Convertido en casi más protagonista que la propia Gómez después de descubrirse que la quiere llevar ante el jurado con un auto trufado de plagios de un artículo jurídico de la Universidad de Deusto, Peinado está viendo, sin embargo, cómo las investigaciones emprendidas por Hacienda o por la Guardia Civil están refrendando los ejes medulares de su instrucción, puesta en cuestión desde el principio por el propio Gobierno.

La publicación este lunes, de forma simultánea, de los comprometedores informes sobre el papel real de la asistente de Moncloa en el día a día de la cátedra de Gómez y las numerosas irregularidades en los concursos públicos a los que concurrió Barrabés recomendado por la esposa de Sánchez han rediseñado el tablero de juego.

Nuevas revelaciones que hacen asentarse con más firmeza de lo que esperaba el Gobierno a estas alturas algunas de las raíces más amenazantes de esta hidra judicial. Ya sea fruto todo de una investigación «prospectiva» –es decir, gestada 'ad hoc' como acusan en La Moncloa y en el PSOE– o de unas pesquisas sin apenas reproche –como ha avalado la Audiencia Provincial de Madrid–, lo cierto es que las diligencias previas abiertas en abril de 2024 dibujan hoy un horizonte procesal para la esposa del presidente con bastante más nubarrones que hace año y medio, cuando Sánchez se quedó en Presidencia tras amagar con irse y el Ejecutivo vaticinaba que la tormenta pasaría rápido. Solo la Audiencia, cuando resuelva en los próximos meses el aluvión de recursos motivados por el pase al procedimiento del jurado, tendrá ya la última palabra sobre esta cambiante instrucción de siete tentáculos.

La Fiscalía Europea, que se quedó en mayo de 2024 con esta parte del caso al comprometer fondos de la UE, se plantea ahora ampliar la investigación tras el demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) presentado esta semana, en el que se constata que las cartas de recomendación de Begoña Gómez a su amigo Barrabés fueron claves para que éste se hiciese con adjudicaciones públicas millonarias por delante de otros aspirantes.

La supuesta intermediación de Gómez en el rescate de la aerolínea en noviembre de 2020 por parte del Gobierno, con el desembolso de 475 millones del erario, fue la segunda pata que sostuvo el nacimiento del caso. El pasado mayo, por tercera vez, la Audiencia de Madrid ordenó al juez abandonar esa línea. Salvo novedades, esta investigación ha muerto en el juzgado de Peinado, pero no en el Supremo. El juez del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, ya ha adelantado que en la primera pieza que quiere mandar a juicio van a estar las supuestas dádivas de la trama por intervenir en el rescate. En ese sumario hay un mensaje que revela que el ex CEO de Globalia –la matriz de Air Europa– en aquella época, Javier Hidalgo, se había puesto en contacto con la mujer de Sánchez al ver que se retrasaba el rescate de la aerolínea.

También en mayo, la Audiencia Provincial ordenó a Peinado cerrar la investigación sobre el fichaje de Gómez por el Instituto de Empresa (IE) y desimputar a Juan José Güemes, exconsejero en el Gobierno de Esperanza Aguirre y quien le fichó como directora del África Center, dependiente del IE, al poco de la llegada de Sánchez a La Moncloa. El carpetazo a la pieza sobre IE, por el momento, también ha dejado en vía muerta la de Wakalua, una sociedad de promoción turística de Globalia, que accedió a patrocinar el entonces desconocido África Center y que fue el motivo por el que Hidalgo y la mujer de Sánchez entablaron contacto personal.

Hace cinco meses, asimismo, los superiores de Peinado le ordenaron levantar la imputación al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, al que acusaba de tráfico de influencias por haber autorizado la creación exprés de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigió Gómez tras ser llamado por ella a una reunión en el Palacio de la Moncloa en julio de 2020. En la puesta en marcha de ese proyecto Barrabés ejerció un papel determinante como experto. Éste puede ser uno de los motivos que le lleven ante un jurado.

Es una de las sospechas más delicadas para Gómez. La Audiencia madrileña sí que ha visto indicios para creer que la esposa del presidente del Gobierno se pudo aprovechar de esta condición «para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada». Precisamente, los correos de Álvarez aportados a la causa por el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio desvelan los continuos contactos desde la cátedra con una quincena de empresas e instituciones para conseguir financiación.

Fue una de las últimas líneas abiertas por Peinado, pero es una de las más amenazantes para la mujer de Sánchez. Las imputaciones por apropiación indebida e intrusismo profesional vienen de ahí. El juez acusa a Gómez de haber conseguido que tres grandes tecnológicas (Indra, Telefónica y Google) le proporcionaran gratuitamente esa herramienta para su máster de Transformación Social Competitiva, anejo a la cátedra. Pero finalmente –sostiene el juez– ese 'software' terminó ofreciéndose en noviembre de 2023 desde la web de la empresa privada que Gómez había creado poco antes.

Es la vía para la imputación por malversación. El nombre de Cristina Álvarez era desconocido hasta que en noviembre de 2024 el levantamiento del secreto de nuevos tomos del sumario hizo aflorar multitud de correos que evidenciaban que la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno se había dedicado supuestamente entre 2021 y 2024 a la gestión diaria de la cátedra de Gómez. Esta semana, la UCO ha certificado que esa cobertura fue mucho más allá de los «favores puntuales».