La hipoteca reputacional que Puig deja a Morant: el caso de su hermano

El caso Francis Puig atentaba precisamente contra uno de los pilares argumentales que el PSPV utilizó antes de su llegada al poder y durante buena parte de su primera legislatura: la hipoteca reputacional. Esa sucesión de casos de corrupción –inédita en la Comunitat hasta llegada de los populares– que había lastrado la imagen pública de la región. En ocasiones, incluso con intereses desde otras autonomías (Andalucía, Madrid y Cataluña) por desviar el foco hacia ese fenómeno que en la Comunitat se desarrollaba de forma tan singular.

El nuevo PSPV, en realidad todavía muy próximo a Puig, debe cargar ahora con la herencia que le ha dejado el exalcalde de Morella, dedicado a cuestiones de menor enjundia y mayor remuneración. Es embajador de España ante la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCDE). El caso genera un agujero en el discurso de Diana Morant y una salida extremadamente fácil para Mazón cuando arrecien las críticas por la gestión de la dana y su empecinamiento en continuar al frente de la Generalitat.

La imputación de un hermano del presidente por obtener subvenciones con aparentes trampas de la Administración supone un asunto de suficiente gravedad como para establecer un cordón sanitario. Porque esto no era una cuestión a lo Francisco Camps de no saber a qué se dedicaban tus consellers, sino que aquí había un hermano del presidente jugando sucio con el Gobierno que él presidía. No puede existir, lógicamente, una responsabilidad penal. Pero la política siempre entra dentro de los variables estándares de calidad ética.

«Con el PSPV nos vamos a forrar», señaló la exmujer de uno de los socios de cabecera de Francis Puig al presentar la denuncia. La izquierda no dio importancia a un asunto de máxima gravedad. Ni el PSPV, ni tampoco Compromís querían saber nada del asunto. Así que en un intento de ganar tiempo acudieron a la famosa conspiración, el intento del PP por obtener rédito político de un procedimiento judicial. Luego se trataba de poner distancia con la corrupción que se había vivido en la Comunitat y limitaban este caso a irregularidades, pequeñas argucias para obtener más dinero con el que subvencionar proyectos. La idea consistía en restar importancia y que era un práctica digamos 'habitual' en este tipo de procedimientos justificativos. Pero claro, el supuesto es que el protagonista es un hermano del expresidente. «Facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo», detalla la Fiscalía.

No parecía que el objetivo real fuera la promoción del valenciano. O al menos no se trataba de algo prioritario. «A ver si hay suerte... miro lo de la ayuda. Estoy todavía con la mierda de lo del valenciano», apuntaba en uno de sus correos. Más llamativo, en la línea de justificar lo anterior, fue cuando pensaban presentar a un cantante guineano para que se aprendiera canciones en valenciano y recibir de esta forma subvenciones. Se trataba de Madjulis Atchindji, un cantante de hip hop que vivía en Lanzarote. Otra de las anécdotas del caso. El hermano del expresidente utilizaba el supuesto alquiler de una nave abandonada de su padre para recibir subvenciones. Al parecer, nunca fue utilizada como sede ni almacén de ninguna de las empresas.

Puig y el Botánico esquivaron todo esto pensando que quizá se olvidaría, como un mal sueño de verano. Pero llegó la Fiscalía Anticorrupción y el caso se transformó en pesadilla. La fiscal pide cuatro años de cárcel y describe una práctica de facturas falsas por servicios inexistentes para poder beneficiarse de las subvenciones. El funcionamiento no pretende un enriquecimiento inmediato y amplio sino se intuye más un mantenimiento de una estructura posiblemente deficitaria sin la inyección de fondos públicos.

Puig lleva más de un año en un destino dorado en París, como embajador de la OCDE. La herencia, sin embargo, la arrastra Diana Morant, ministra de Ciencia, secretaria general del PSPV y en el grupo de afines al expresidente. Esa es otra de las derivadas de esta historia: Morant no puede soltar lastre de esta etapa. Porque, en definitiva, es también la suya y la de todo su equipo.

El juicio puede celebrarse a principios del próximo año. Los empresarios todavía confían en una posibilidad: que la Audiencia tumbe la instrucción. Parece poco probable. De momento, el juzgado reclama 147.000 euros de fianza. En caso contrario, llegarán los embargos.