El Gobierno improvisa un nuevo requisito para pagar el FLA tras los avisos de colapso

Las fuentes del ministerio consultadas por este diario explican que «está pendiente aún la publicación del informe de la IGAE en el que notifica el desvío de déficit que hayan podido registrar las CCAA el año pasado». Aunque a la pregunta concreta de si, después de que se publique ese informe, se abonará el extra FLA a la Comunitat, que arrastra ya un agujero con sus proveedores de 1.455 millones, la misma fuente ha evitado dar más detalles.

La referencia a ese informe de la Intervención, adelantada este viernes por Valencia Plaza, constituye una novedad respecto a la posición que había venido manteniendo hasta la fecha el departamento que dirige María Jesús Montero. Las fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas por este diario explican que desde que a principios de diciembre la comisión delegada de asuntos económicos del Gobierno suprimió el apartado del acuerdo sobre el FLA que hacía referencia a la cobertura del exceso de déficit del ejercicio anterior, ningún representante del ministerio ha planteado en ningún momento que el abono de esos recursos estuviera condicionado a la aprobación de ese informe.

En concreto, la referencia más reciente al extra FLA, la del ejercicio de 2024, demostraría que la aprobación del fondo por parte de la comisión delegada se habría producido varios días antes de que la Intervención emitiera ese informe que certifica el déficit de las CCAA. Y sin que varios meses antes se hubiera suprimido la referencia a que ese fondo permitiría atender el exceso de déficit de las CCAA.

De hecho, la conselleria de Hacienda recuerda que el déficit de la Comunitat Valenciana correspondiente a 2024 es conocido y está más que certificado por la Intervención de la Generalitat: 2.495 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que el extra FLA no se ha aprobado en años anteriores vinculado al informe de la IGAE -de hecho éste se ha aprobado primero-, que, por otro lado, y según la Ley de Estabilidad, ya debería estar publicado.

El ministerio que dirige la vicepresidenta Montero ha venido manteniendo silencio pese a las reiteradas denuncias del Gobierno valenciano que, tan lejos como en diciembre del año pasado, apenas dos semanas después de conocerse el acuerdo de la comisión delegada, ya trasladó su inquietud por el riesgo de impago a los proveedores de servicios sociales. Así lo planteó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la última Conferencia de Presidentes celebrada en Santander.

A la advertencia lanzada por Mazón no contestó Sánchez, presente en esa Conferencia, ni tampoco la vicepresidenta Montero. Ni a ese, ni a la carta remitida posteriormente por el jefe del Consell al presidente del Gobierno. De hecho, en la contestación el líder del PSOE no hizo referencia a informe alguno de la Intervención, sino que condicionó la aprobación de ese extra FLA a la aprobación de la senda de déficit para los próximos ejercicios.

La alusión a ese informe de la Intervención General también le habría servido al presidente de los empresarios valencianos, Salva Navarro, que a principios del mes de enero también envió una carta a la ministra Montero reclamando una solución a los problemas de tesorería que atravesaba la Generalitat y que tendría, sí o sí, su impacto en las empresas valencianas proveedoras de servicios. En su lugar, el ministerio de Hacienda ni tan siquiera ha contestado a esa carta.

Desde el ministerio de Hacienda se ha asegurado además que «el perjuicio principal para las CCAA ha sido la negativa del PP a actualizar las entregas a cuenta (de la financiación autonómica). La Comunidad Valenciana habría recibido 814 millones si el PP no hubiera tumbado el RDL en enero».

El RDL es el Real Decreto Ley «ómnibus» en el que el Gobierno incluyó varios asuntos, y que el PP rechazó por esta en contra de algunos de ellos, como el traspaso al PNV de la sede del Instituto Cervantes en París. Las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario remarcan además que el Ejecutivo central podría aprobar la actualización de las entregas a cuenta –están en vigor las de 2023- en el momento que quisiera. Y que si no lo hace es por mero interés político.