La Generalitat Valenciana recurrirá ante el Tribunal Constitucional el reparto de menores inmigrantes
Susana Camarero asegura que la Comunitat tiene «una ocupación media del 160% de nuestros recursos»
La Generalitat Valenciana va a presentar un recurso de inconstitucional contra el Real Decreto que regula el reparto de menores inmigrantes, según ha anunciado Susana ... Camarero, vicepresidenta del Consell y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.
El recurso se presentará ante el Tribunal Constitucional ya que, en palabras de Camarero, esta redistribución o «regulación supone una clara injerencia en competencias propias valencianas sobre protección de menores, que son competencias exclusivas». Camarero defiende que «la conferencia sectorial es un órgano fundamental y sin embargo el Gobierno establece criterios de forma unilateral sin debatir con las comunidades autónomas y conculcando principios de suficiente financiera».
La vicepresidenta del Consell ha subrayado que la Comunitat Valenciana « vive una crisis migratoria, llegan menores en pateras o como mayores de edad a través de programas de atención humanitaria y luego reconocen que son menores. Esto nos ha obligado a hacer esfuerzo de más de 9 millones de euros. Las plazas suponen coste anual de 23 millones y el Gobierno de España solo abona 1,2 millones. Y pese al esfuerzo, el sistema de protección sigue tensionado».
Según los datos que maneja su conselleria, «más de 900 menores fueron atendidos en 2024, con una media de permanencia de 480 y 490 menores atendidos, con una ocupación media del 160% de nuestros recursos. Nuestros sistema de protección no tiene capacidad para coger a los menores que el gobierno quiere trasladar de forma irresponsable», sostiene. «Hay una fluctuación de 480 o 490 menores en el sistema sobre 317 plazas. Por lo tanto, un 160% de ocupación», ha especificado. «En 2024 ya incrementamos 122 plazas, hasta las 317 actuales. Ya hemos hecho un esfuerzo. No vamos a consentir que se mercadee con los niños», ha resaltado Camarero.
«Es un maltrato institucional hacia los menores, abocados a una situación de hacinamiento y falta de dignidad, porque no podremos garantizar su situación. Por eso la Abogacía va a iniciar los trámites para interponer un recurso de inconsticionalidad con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu», ha explicado.
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