La Generalitat gasta 7.200 euros en un abogado para que acuse en la visita del Papa

La Generalitat gastará al menos 7.200 euros en ejercer la acusación en la causa abierta por las supuestas irregularidades en la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El desembolso, no desorbitado para una causa penal, genera, no obstante, varias reflexiones. Una es el afán del Botánico por personarse en absolutamente todas las causas de corrupción como si la fiscalía, en este caso uno de los delegados de Anticorrupción, no persiguiera aparte del interés público, el retorno del dinero presuntamente malversado.

Pero, además, en esta causa la Generalitat se ha visto obligada a buscar la contratación externa de un letrado, tal y como en su día informó LAS PROVINCIAS. El motivo es que la propia Abogacía podría ser responsable de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, de forma, que no puede estar en ambos lados del procedimiento, como acusador y defensa, explicaron fuentes de Presidencia. También se quería evitar una posible «contaminación» ya que este sumario deriva de Gürtel donde en su día la Abogacía realizó alguna asistencia a cargos que terminaron investigados. No obstante, resulta evidente que el letrado que paga la Generalitat seguirá las directrices que le impongan desde la Administración autonómica.

La Generalitat publicitó la oferta para buscar al profesional a través del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) con un precio de 15.000 euros. La institución recibió más de una veintena de profesionales dispuestos a llevar este encargo. Finalmente se seleccionaron cuatro candidatos, que fueron entrevistados. Se optó por la oferta más económica, la de los 7.200 euros (IVA incluido), según informaron desde Presidencia. Otras fuentes, sin embargo, achacan ese conflicto de intereses a que en la causa existe un informe de la propia Abogacía que sostiene que la empresa es pública y, por tanto, ahora no podría mantener la postura contraria, pilar básico de la acusación del fiscal.

La instrucción no parece que se vaya a prolongar en exceso. De hecho, la jueza ha rechazado la prórroga pedida por el fiscal. Considera que con el contenido actual de la causa, aparte de las testificales que sí ha acordado y que deberán practicarse, reunirá los suficientes datos para decidir si sigue adelante o decreta el archivo.

La causa arrancó en marzo de 2016, aunque durante los primeros años las diligencias no experimentaron avance. A finales de 2017, el fiscal solicitó una prórroga, que sí se acordó. Recientemente volvió a pedir que se ampliara el plazo. Sin embargo, ahora la jueza lo ha rechazado. La instructora entiende que el ministerio público «no ha justificado» las causas excepcionales que motivarían una nueva prórroga y que ha transcurrido un «tiempo más que prudencial» para la práctica de las pruebas acordadas en su día.

El expresidente Francisco Camps ya ha declarado en la causa. De hecho, ha presentado un escrito en el que reclama el sobreseimiento de una causa con cierta «retranca política». Insta a la jueza a que revise la prescripción, tal y como hizo recientemente la Fiscalía en el caso de la Fórmula 1. La jueza todavía no se ha pronunciado. Una de las claves es la naturaleza jurídica de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Si se determina que es privada, la causa penal se desmontaría.