Las fugas en Antifraude prosiguen con la marcha del director de prevención

Se trataría de un abandono sin más, motivado por decisiones personales o laborales pero sin mayor trascendencia, si no fuera por los antecedentes que acumula Antifraude. LAS PROVINCIAS ha contactado con Almonacid quien ha optado por enmarcar su salida en una decisión personal sin ofrecer más detalles. Llama la atención que su puesto todavía no se haya ofrecido a posibles aspirantes pese a que el alto cargo lleva casi dos meses fuera de la Agencia. Una portavoz aclaró que su trabajo se ha distribuido entre tres jefes de área y también con el del propio Llinares.

Otras fuentes, conocedoras del ambiente que se respira en Antifraude, vinculan la salida de Almonacid con el enrarecido clima laboral. Así, recuerdan, como hechos más significativos, que Llinares ya ha tenido tres directores de análisis e investigación; otros tres responsables de Administración; dos directores de prevención y dos jefes de gabinetes y relaciones institucionales. Esta última plaza ni siquiera ha sido convocada desde hace años. De igual modo subrayan los problemas que hicieron imposible la convivencia con la responsable de Asuntos Jurídicos a quien no dudó en cesar llegado el momento. Una resolución judicial criticó la falta de motivación de aquella salida.

Y en ese escenario de abandonos y renuncias, la figura de Teresa Clemente se ha ido afianzando no sólo por su capacidad de influencia sobre Llinares sino también su posición en la entidad. La última reforma del reglamento de la Agencia la convertía en una de las grandes beneficiadas. Por ejemplo, se le asignó la dirección adjunta de la entidad en vez de mantener las competencias a uno de los otros directores.

La aprobación de ese reglamento no resultó pacífica. El Consell Jurídic Consultiu emitió un contundente informe con más de una veintena de «observaciones esenciales», aquellas con las que se advierte de posibles vulneraciones del ordenamiento jurídico. Entre ellas, varias que hacen referencia a que el texto suponía una «clara extralimitación material» que excede del contenido previsto en la ley de creación de la Agencia, motivo por el que llegó incluso a ser integrable «en la causa de nulidad de pleno derecho» previsto en la ley de procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas. Un dictamen que, en definitiva, venía a confirmar las advertencias que ya había recibido Llinares.

El máximo responsable, en su momento, explicó la salida de una decena de responsables con el argumento de que resulta difícil cumplir con el nivel de exigencia que impone el organismo frente a «nuestra tradicional cultura funcionarial». Tras este mensaje se insinuaba el estricto cumplimiento de los horarios -algo que no debería ser negativo- o la falta de intensidad de la plantilla. Se barajó una respuesta de sus excompañeros. Pero nunca se produjo. Optaron por el silencio.