Antifraude lleva ya un año para elaborar un informe sobre el caso Zaplana

Eduardo Zaplana en una de las visitas a la Ciudad de la Justicia. / jesús signes
Eduardo Zaplana en una de las visitas a la Ciudad de la Justicia. / jesús signes

La pericial pretende aclarar cómo se amañaron las adjudicaciones de los parques eólicos y la privatización de las ITV

A. RALLOVALENCIA.

La Agencia Antifraude lleva un año ya para elaborar un informe sobre el caso Zaplana. El trabajo del organismo pretendía abordar el procedimiento administrativo para la adjudicación de los lotes de los parques eólicos y la privatización de las ITV. Esto negocios reportaron a la familia Cotino enormes plusvalías y como contraprestación supuestamente se dieron millones al expresidente y a su núcleo más próximo. El trabajo quiere demostrar que existió un trato de favor a las adjudicatarias bien a través del amaño de los pliegos o cualquier otro mecanismo que permitiera escorar la legalidad.

El informe no se antoja determinante para el devenir de la causa porque lo más importante, tal y como subrayan los investigadores, es la cantidad de dinero decomisada en la operación. Cerca de 11 millones de euros y la especial relevancia que cobra la confesión del testaferro de Zaplana, el abogado uruguayo Fernando Belhot, que puso a disposición del juzgado cerca de siete millones de euros propiedad del exministro. De inmediato, el argumento principal de la línea de defensa del expresidente de la Generalitat -«nunca he tenido una cuenta ni dinero en el extranjero»- se desplomó como un castillo de naipes.

No obstante, el dosier de Antifraude sí aclararía de qué forma -si lo hubo- se alteró el procedimiento administrativo y conectar esto con el cohecho. No resulta frecuente que el organismo haga periciales de esta naturaleza. Hasta la fecha, de hecho, es el único dictamen que se le ha encargado en este sentido. Y de momento las conclusiones todavía no han llegado al juzgado de Instrucción número 12, que investiga la operación Erial.

El organismo siempre ha querido presentarse como un instrumento útil para la fiscalía La Agencia ha padecido la fuga de una decena de responsables en apenas un año

Lo habitual en este tipo de informes es recurrir a la Intervención de la Generalitat. Así se ha hecho, por ejemplo, en los sumarios de la Fórmula 1, en el caso de Serafín Castellano y la extinción de incendios, entre otros asuntos. Es cierto que en alguna ocasión, e incluso por escrito ante algún juez, el organismo se ha quejado de la falta de personal y sobrecarga de trabajo para cumplir con la tarea de auxilio judicial. En otros supuestos, se recurre a la Intervención General del Estado, que ha colaborado con éxito en macrocausas de corrupción, por ejemplo, el caso Cooperación y la operación Alquería.

La experiencia con Antifraude hasta el momento no mejora los tiempos de los otros organismos. Llinares siempre se ha esforzado por exhibir un afán colaborador con la Fiscalía, un instrumento útil al servicio del ministerio público. De hecho, recientemente acudió a conocer al nuevo fiscal de Valencia, José Ortiz, encuentro en el que también participó uno de los fiscales Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco.

Los informes elaborados por Antifraude tampoco han deparado el arranque de investigaciones penales. El dosier de mayor relevancia hasta la fecha -al menos de los conocidos por los medios de comunicación- ha sido el fraude de las prejubilaciones de la EMT. La fiscalía dio carpetazo al asunto tras analizar las conclusiones aportadas por la organización que nació a petición de Podemos.

El órgano que dirige Joan Llinares no termina de superar cierta sensación de provisionalidad y una etapa convulsa. Una de las llamativas circunstancias está relacionada con la fuga de su plantillla, con más que notables salidas como la del director de investigación a los seis meses de llegar al cargo. No es el único caso. Cerca de una decena de responsables han rechazado seguir por diferentes motivos. Entre ellos, la enorme carga de trabajo, la falta de personal y el descontento con la dirección del propio Llinares.

El responsable del informe sobre el caso Zaplana será Marcial López, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, uno de los últimos fichajes de Llinares para sustituir al director de análisis. Su primera apuesta fue la abogada del Estado Macarena Olona actualmente diputada de Vox en el Congreso. Al margen de estos inconvenientes, conviene recordar otros vaivenes en el seno de la entidad como el informe del Consell Juridic Consultiu que desmontó por completo su propuesta de reglamento para la Agencia, recomendaciones que decidió no aceptar.