Uno de los fondos de la financiación le resta 2.035 millones al año a la Comunitat

En cifras, con los datos de la liquidación de 2022, la financiación per cápita de la Comunitat se situó en el 91,8 -siendo 100 la financiación media por habitante de las regiones del régimen común-, al quedarse en 3.089 euros frente a los 3.365 de media. No solo eso, la Comunitat empeoró su situación respecto al resto de autonomías, puesto que con la liquidación de 2021 el dato por habitante fue de 92,1.

El informe de la entidad que dirige Ángel de la Fuente confirma otra cosa. La Comunitat se ve particularmente penalizada por el denominado Fondo de Suficiencia Global, que es uno de los mecanismos que forman parte del sistema de financiación autonómica. En concreto, este fondo es el que cubre la diferencia entre las necesidades de gasto de la comunidad autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Una suerte de garantía, sobre el papel, de que todas las CCAA dispondrán de ingresos suficientes como para cubrir los gastos de la prestación de los servicios públicos.

Esa es la teoría. El impacto de ese fondo sobre la financiación valenciana no sólo no aporta dinero, sino que resta. En concreto, el fondo de suficiencia representa para la Comunitat un importe negativo de más de 2.000 millones de euros. En concreto, de 2.035 millones de euros.

¿Y por qué? El fondo de suficiencia, tal y como se recoge en la ley que regula el actual sistema de financiación, se plantea como un mecanismo para garantizar las necesidades básicas «en el año base». La referencia al año base supone, en realidad, referirse al momento en el que se produjo el traspaso de competencias a las CCAA, en los años 80. Por tanto, lo que de alguna manera sostiene la ley es que se respeta el statu quo, es decir, el punto de partida de los servicios públicos básicos que se prestaban en el momento de transferirse las competencias.

Como la Comunitat Valenciana tenía unos servicios básicos muy inferiores a la media, para respetar esa cláusula a la Comunitat ese fondo le penaliza –«nos resta recursos», en palabras de un alto cargo del Gobierno valenciano–. La ley no lo dice expresamente, aunque sí se sobreentiende, que el sistema ha de respetar la posición inicial, el coste efectivo de los servicios, que era lo que cubría la financiación en ese momento, porque el Estado daba el dinero para cubrir el coste efectivo de los servicios. «Como nuestros servicios eran inferiores a la media, ese coste era muy bajo. Y para respetar ese statu quo, a nosotros nos restan esos 2.000 millones», se explica.

Esos 2.000 millones de euros que este fondo resta a la Comunitat Valenciana supondría, en la práctica, que la Comunitat se situara en la media de financiación por habitante. De hecho, el fondo de nivelación que la Comunitat Valenciana viene reclamando, junto a Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, se estima en el entorno de los 1.800 millones de euros, una cifra no demasiado alejada de esos 2.000 millones que nos resta el fondo de suficiencia.

«Por eso lo que nosotros decimos ahora es que respetamos los recursos que tengan todas las CCAA, pero que hay que regularizar la financiación por habitante para todos, sin penalizar a nadie. En contra de lo que dice Cataluña, que al salirse del sistema está restando recursos», se detalla.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, calificó de «golpe de estado fiscal» el concierto económico catalán pactado entre los socialistas y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa.