Anticorrupción sostiene la existencia de una trama para favorecer al exsuegro del yonki del dinero

En el banquillo se sientan seis personas, entre ellas, el exalcalde 'popular' de Requena Javier Berasaluce; los exalcaldes de Enguera Santiago Arévalo (PP) y Óscar Martínez (PSPV); y el exsuegro de Benavent, Mariano López. A los exediles se les pide una pena de cárcel de entre cinco y seis años.

En los contratos de Enguera también «se cometió el delito de prevaricación». Se obvio de «forma grosera» el procedimiento administrativo para dárselo a Servimun, según el fiscal. La Fiscalía abordó la gravedad del informe del camping del Teularet por parte de la empresa Técnicas Legales Administrativas, la sociedad de Mariano López. «La secretaria del Ayuntamiento aportó al juzgado un informe en el que denunciaba dos facturas consecutivas para Servimun y Técnicas por 21.800 euros», ha recordado. «Se pretende cobrar por un trabajo no realizado».

«Existe una relación interna entre los acusados», se ha esforzado en manifestar el fiscal. En ese contexto también incluye a Ángel Marí, funcionario de Gestión Tributaria de la Diputación, otro de los personajes clave en la causa. «El rol del funcionario consistió en alterar un documento que hubiera permitido el cobro de la factura incierta y falsa».

Existen más indicios delictivos en un contrato menor sobre masas congeladas, aunque el título es notablemente más extenso. «¿Para qué se hace tan largo si no se hace nada? Se trata de títulos eufemísticos para no decir nada». «En este caso directamente se le da a Servimun sin ambages».

El precio del contrato menor se iba a fijar de acuerdo a las ofertas. El arquitecto hace un informe pero necesita otras ofertas para ver qué precio se ajusta al mercado, señala el fiscal. Pero a pesar de todo esto, el alcalde adjudica el contrato a la empresa. «La fecha de la adjudicación y la factura es la misma». «Qué curioso. Ya estaba un acuerdo previo entre ellos». Este contrato es el «más escandaloso» de todos los analizados, según la acusación pública.

El alcalde indicó en su declaración que el precio se lo marcó el suegro del yonki del dinero. La Agencia Antifraude ya alertó de graves irregularidades en estos procedimientos en un dosier que consta en la causa. «Se trata de un informe demoledor. Se pretende justificar el pago de unos servicios -se ignora cuáles- que no se han prestado». La conclusión de Anticorrupción es que tanto Técnicas Legales como Servimun es la misma. «Todos estaban de acuerdo en beneficiarlas».

Anticorrupción ha rechazado la posibilidad de que confluyan en la causa la atenuante de dilaciones indebidas. «Es cierto que es de las pocas piezas de Taula donde no hay dilaciones indebidas», admitió. Pero es que en este caso «solo dura un año la instrucción». La suspensión de las vistas se ha producido en dos ocasiones, pero siempre por las dos solicitudes de las defensas.

Los letrados han insistido en que la tesis del fiscal de que ambas empresas forman parte de un entramado contradice la sentencia de la Audiencia en el denominado caso del call center donde se asegura que son sociedades independientes. De igual modo, censuran la idea del concierto previo entre los acusados. «La Fiscalía no ha aportado pruebas».

Otra de las defensas ha lamentado subcontratación de la instrucción a la UCO. «Les das un móvil y montan una trama que no tiene nada que ver con la realidad». Esto, según uno de los letrados, es lo que ha ocurrido en el supuesto actual. Todo esto ha llevado a la «ruina» a determinadas empresas. «Si la UCO no hubiera investigado esto, Requena habría sacado un millón de euros», ha sostenido respecto a uno de los contratos bajo sospecha. El servicio tenía como objeto aflorar parte de los impuestos impagados a los municipios.