El fiscal, sobre el caso Oltra: «No hay constancia de que desde la conselleria se dieran instrucciones»

El escrito de la Fiscalía, adelantado por LAS PROVINCIAS, elabora una cronología de los hechos y de la actuación de la entonces consellera de Igualdad y vicepresidenta de la Generalitat. De hecho, se vio obligada a dejar sus responsabilidades tras avalar el TSJ su imputación.

Tras la primera comunicación de los abusos por parte de la menor se efectuó una exploración en la Conselleria de Igualdad por parte de una psicóloga, donde se acordó no derivar a la menor al centro Espill, especializado en la atención a víctimas de agresiones sexuales. La adolescente no relató los abusos en esa entrevista que sí se habían comunicado previamente a personal de un centro externo al de reeducación donde residía. La menor ha estado tutelada desde los 4 años de edad.

«No hay constancia de que hasta ese momento nadie con responsabilidades a cualquier nivel de la Conselleria tuviera conocimiento de estos hechos ni dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna a los hasta ahora mencionados acerca de cuál debía ser su modo de proceder», acota la Fiscalía en este punto.

Además, el fiscal subraya que no existía «ningún tipo de protocolo en la Conselleria acerca de cómo proceder en casos de abusos sexuales a un menor tutelado y no existió ninguno hasta tiempo después». De hecho, se dictó una instrucción el 20 de septiembre de 2017 para delimitar un protocolo de actuación.

El relato cronológico avanza hasta el día que dos agentes de la Policía Autonómica se encuentran con la menor y este les relata los abusos sexuales. Fue entonces cuando se denuncia en Fiscalía de Menores y se activan todos los resortes para la protección de la menor. El escrito establece el 4 de agosto como el día que Oltra conoce todo este controvertido asunto que afectaba a su expareja.

Fue en el momento en el que reciben una citación judicial en su domicilio. Tras enterarse de la denuncia, se puso en contacto con su jefe de gabinete y le dio instrucciones para recabar información, «exigir pulcritud y diligencia, y proteger a la joven». A continuación, ordenó la formación de un expediente informativo para saber qué actuaciones se habían realizado.

Este expediente, que la Audiencia de Valencia en la condena por abusos calificó de «investigación parajudicial», incluyó la recopilación de documentación, la toma de testimonios y la solicitud de un informe psicológico al Instituto Espill. Finalmente, se concluyó que el testimonio de la víctima «no era creíble». El dictamen se basó en contradicciones en su relato y la falta de emociones.