El fiscal pide ya el archivo de la causa por la falta de medios contra el Covid

Fue la primera imputación de responsables de la Conselleria de Sanidad por la falta de medios para luchar contra la pandemia. Pero la causa, que se sigue en Instrucción 1 de Valencia, se sitúa a un paso del archivo tras el informe que ha presentado la fiscalía. Tampoco sorprende la tesis del ministerio público teniendo en cuenta el criterio que ya se avanzó en las querellas del Tribunal Supremo.

Un grupo de abogados presentó esta denuncia por los contagios masivos en el hospital de Alicante. El juez citó como investigados a dos altos cargos de Sanidad, la directora general de Recursos Humanos, Carmen López, y al director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García.

El fiscal pese a que sostiene que los denunciantes deberían personarse como acusación popular y depositar una fianza entra en el fondo del asunto. «No se determina ni cuándo se han producidos los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quién/quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuál/cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado», indica Jaime Gil, decano de Siniestralidad Laboral que ha asumido estas diligencias. Todo esto llevaría el asunto a una especie de investigación genérica y prospectiva, «proscrita en nuestro ordenamiento y nuestra jurisprudencia».

Añade, además, que durante el Estado de Alarma se asumieron todas las competencias por parte del Ministerio de Sanidad, circunstancia que ya inhabilitaría la acción judicial que se quiere dirigir contra la Conselleria de Sanidad.

Los querellantes mantenían que la falta de materiales de equipos de protección entre los médicos y sanitarios del hospital de Alicante fue la causa de un contagio masivo entre estos profesionales, con una de las tasas más altas de todos los centros de España.

El responsable del ministerio público, que ya logró un archivo por una denuncia similar por la situación de los policías nacionales, recuerda que en aquellos días de marzo el mercado estaba desabastecido a causa del avance del virus. De ahí la «dificultad o imposibilidad» de disponer de estos equipos. «Al sujeto legalmente obligado se le estaría exigiendo una conducta imposible de realizar y, siendo la falta de medios un hecho notorio, no es precisa la práctica de diligencias de prueba», razona el fiscal.

Carece la querella, según el criterio de la acusación pública, de un análisis exhaustivo de cuáles fueron las situaciones de riesgo para su vida o integridad -de los sanitarios- «sino que se limita a indicar una falta de medios de forma genérica, sin concretar qué medios ni en qué situaciones». Además, recuerda el fiscal que en la situación de la pandemia se produjo la colisión de dos bienes jurídicos, como la protección de los trabajadores y el de la integridad y seguridad colectiva. En episodios tan excepcionales como ese, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictaminado que debe «prevalecer transitoriamente» la protección de la comunidad. Así, no resultaría posible ir contra los supuestos responsables. «No tiene un control sobre la fuente del riesgo, dado que no depende de ellos», apuntala.