El 72% de las empresas del Consell no hacen seguimiento de los contratos que adjudican

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. / DAMIÁN TORRES
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz. / DAMIÁN TORRES

La Inspección de la Generalitat advierte del riesgo de carecer de un sistema para verificar que se ejecutan los servicios encargados

- Burguera
- BURGUERAValencia

Una vez se adjudican los contratos en las empresas de la Generalitat, las firmas del sector instrumental autonómico practica un acto de fe. Confían en que el servicio adjudicado se cumplirá en los términos acordados. Lo creen porque no lo pueden comprobar de manera fehaciente. Según el Informe sobre la Contratación en el ámbito del Sector Público Instrumental que ha elaborado la Subdirección de Inspección de Servicios, la inmensa mayoría de las adjudicaciones son monitorizadas por las empresas del Consell de manera deficiente. La IGS (Inspección General de Servicios) alerta del elevado riesgo que registra el sector instrumental por la falta de una supervisión adecuada de la ejecución de los contratos, una carencia que afecta a más del 70% de instituciones, empresas, fundaciones y entes vinculados a la Generalitat.

«El 100% de las repuestas ha sido que sí que se realiza la supervisión de la ejecución de los contratos. Ahora bien, únicamente el 27,3% tiene establecido un procedimiento detallado sobre las tareas y la documentación a generar para el correcto seguimiento y verificación de la conformidad del contrato», indica el informe de la Inspección. De esta manera, el riesgo por esa escasa supervisión de la ejecución afecta exactamente al 72,7% de empresas, el más alto junto a los peligros, también detectados, de no planificar anualmente la contratación (afecta a un 77,3% de las entidades testadas, lo que fomenta el aumento de los contratos menores, a dedo, sin concurso), así como el de no establecer un procedimiento que detecte un conflicto de intereses entre los contratistas y los encargados de decidir las adjudicaciones (una carencia que se registra en el 90,9% de las empresas analizadas).

«Únicamente el 27,3% tiene un procedimiento para el seguimiento del contrato», segun la IGS

Los inspectores constatan que, en el caso de la monitorización de la ejecución contractual, la falta de seguimiento obedece a una similar descoordinación de medios y métodos que también afecta a otros ámbitos de la contratación entre las empresas públicas de la Generalitat. Es el caso de la gestión de las adjudicaciones. Los soportes informáticos son demasiado diversos, lo que rebaja la capacidad de control de las contrataciones.

El informe alerta además de los riesgos en la planificación y el conflicto de intereses

«Si bien la licitación electrónica es obligatoria desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha podido constatar que no todas las entidades están cumpliendo con este precepto, alegando dificultades técnicas, de formación o de recursos humanos», denuncia el informe, que advierte de que, independientemente de las dificultades, se ha de realizar la tramitación electrónica para cumplir con lo marcado por la ley nacional de transparencia en materia de divulgación de la contratación pública, algo que no se está haciendo según se deduce del informe de la IGS tras evaluar la actuacion de una veintena de empresas. Los inspectores instan a simplificar la incorporación de datos al Registro de Contratos, para lo cual sería necesario que la Dirección General del Sector Público (dependiente de la Conselleria de Hacienda) dictara «la oportuna instrucción» que permitiría «unificar los criterios a seguir, que actualmente son diferentes entre unas entidades y otras del sector público». La deficiente automatización de los expedientes electrónicos ofrece lagunas en el control de tal manera que no se comprueba que los adjudicatarios de contratos menores no han suscrito otros servicios similares, lo que supondría incurrir en un fraccionamiento irregular.