La Diputación rechaza personarse en el último caso del clan Blasco, pero señala a la Generalitat

Sí lo hará, por ejemplo, su sobrino Sergio Blasco. En su día también fue detenido su hermano, Francisco Blasco. Ambos son hijos de Francisco Blasco, un histórico del PSPV que ocupó la alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó este verano que se hiciera un ofrecimiento de acciones a la Diputación de Valencia. En su momento, ya se había tramitado esta cuestión, pero no se obtuvo respuesta.

Ahora, tras el cambio de Gobierno, el ministerio fiscal debió entender que correspondía una nueva consulta. Se trataría de que la Diputación ejerciera la acusación particular para reclamar el dinero público supuestamente desviado porque la corporación forma parte del Consorcio del Hospital Universitario de Valencia.

Sin embargo, los Servicios Jurídicos de la Diputación entienden que no les corresponde. En un informe enviado ya al juzgado de Instrucción 6 de Valencia sostienen que el citado consorcio está adscrito a la Generalitat y que, en ese supuesto, una eventual personación sería atribuible a la Conselleria de Sanidad, es decir, a la Abogacía de la Generalitat.

Pero la Generalitat nunca ha estado personada en este procedimiento. Al margen de la Fiscalía, únicamente CC OO se mantuvo como parte activa en el procedimiento. Finalmente, cuando llegó el momento de presentar su escrito de acusación, renunciaron a calificar los hechos.

El señalamiento del juicio, el último de toda una serie de casos de corrupción vinculados al entorno Rafael Blasco y Consuelos Císcar, se espera ya desde hace meses. Pero todo se ha retrasado a raíz de la citada petición de la Fiscalía y el envío de parte del material a la Diputación para estudiar la causa. No se descarta una nueva consulta a la Generalitat. La Abogacía sí fue acusación particular en el caso Cooperación cuya primera pieza se cerró con severas condenas para la cúpula de la Conselleria de Solidaridad e Inmigración.

La trama, tal y como informó LAS PROVINCIAS, funcionó a tres niveles. Por un lado, las grandes mercantiles, Out-log, Conectall Systems y Mantenimiento Integrales Turia, empresas solventes y con experiencia en el sector sanitario. En una década (2005-2014) han facturado 33 millones de euros.

El segundo grupo son microempresas, de dos o tres trabajadores. Logran facturación de las primeras firmas (600.000 euros) y, a veces, del propio centro hospitalario. «Todas ellas están dirigidas por personas vinculadas personal o laboralmente con Sergio Blasco», indicó en su momento el juez.

Y finalmente, en el escalón más bajo, son sociedades que carecen de estructura, pero canalizan ingresos de los estadios superiores de la red. El juez aprecia indicios de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho. Los habituales en tramas de corrupción. En la causa aparecen actuaciones de relevancia en el ámbito sanitario. Por ejemplo, una de las empresas bajo sospecha ejerció un papel clave en la logística del reparto del material Covid en los peores momentos de la pandemia.

La causa se sigue en el juzgado de Instrucción 6 de Valencia donde llegaron otros asuntos de corrupción de la etapa de Blasco en la Generalitat. Este, en concreto, de su breve paso por la Conselleria de Sanidad. Fue, por ejemplo, el caso Abucasis. Se trataba de un supuesto amaño del programa de gestión de los expedientes médicos que finalmente fue archivado.