La deriva de gasto del nuevo Botánico enciende las alarmas en el Gobierno de Sánchez

El nuevo Consell, reunido el pasado viernes./
El nuevo Consell, reunido el pasado viernes.

La delicada salud financiera de la Generalitat, apenas sostenida por el FLA, no impide al tripartito incrementar el tamaño del sector público

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

Jueves por la noche. El Gobierno de Pedro Sánchez confirma el desbloqueo del FLA para aquellas comunidades autónomas que necesitan el apoyo financiero del Ejecutivo central para sostener sus cuentas. El FLA, el acrónimo del Fondo de Liquidez Autonómica, lo creó Cristóbal Montoro en 2012 como mecanismo extraordinario para sostener a las regiones que se vieron sorprendidas por un escenario de crisis económica después de haber vivido demasiados años de vacas gordas. Desde ese ejercicio, la Comunitat ha sobrevivido -y no es un término exagerado- con las aportaciones que el Ejecutivo central le ha venido haciendo a través de este mecanismo y que han servido, además de para hacer frente a los millonarios vencimientos de deuda, para atender los números rojos de la Generalitat con sus proveedores. Sólo hasta el tercer trimestre de este año, 1.208 millones, a los que se suman otros 735 para hacer frente al incumplimiento del déficit del último año.

El anuncio del departamento que dirige María Jesús Montero da un respiro al Gobierno valenciano, sacudido esta semana por una contundente carta firmada por Diego Martínez López, secretario general de Financiación Autonómica y Local. En su escrito, el alto cargo avisa de las «inconsistencias» localizadas en la información facilitada por el Gobierno valenciano respecto al gasto farmacéutico. Y advierte de que puede poner en marcha las medidas recorgidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para estrechar el control sobre las finanzas autonómicas y «limitar el acceso a los sucesivos tramos de financiación (del FLA)».

Las palabras caen como una bomba en la calle Palau, sede de la conselleria de Hacienda. Y las reitera, de forma oral, un alto cargo del ministerio que el viernes de la semana pasada traslada en forma de ultimátum el cansancio del ministerio con la falta de homogeneida en los datos sobre gasto sanitario transmitidos por el Gobierno valenciano. El problema, tras las advertencias lanzadas y el temblor en las piernas de algún alto cargo valenciano, acaba resolviéndose.

La carta del ministerio de Hacienda al 'excelentísimo señor consejero de Hacienda y Modelo económico' del Gobierno valenciano, Vicent Soler, constituye uno de los más serios avisos lanzados por el Ejecutivo central. Y se produce -la fecha del escrito es del 27 de mayo, aunque el ministerio no lo difunde hasta pasadas dos semanas- con un gobierno socialista y con una ministra, María Jesús Montero, antigua consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y, en teoría, estrecha aliada de la Comunitat en los aspectos relacionados con la reforma de la financiación autonómica.

El Gobierno central vuelve a ponerle el cascabel a las cuentas autonómicas, apenas unas semanas después de ser consciente de la realidad de las finanzas autonómicas. O al menos, de la fotografía de la realidad remitida desde el Ejecutivo valenciano. El Plan de Ajuste de las cuentas de la Generalitat, remitido a Madrid como condición necesaria para tener acceso a los fondos del FLA, describe un escenario económico crítico y ratifica esa realidad que hace referencia a que, sin la aportación del oxígeno financiero del Gobierno central, la administración autonómica habría tenido que bajar la persiana.

La letra pequeña de ese informe explica que la Comunitat en 2018 gastó 1.130 millones más de los que tenía previstos a lo largo de ese ejercicio. Que se anunciaron 19.671 millones y que acabaron siendo 20.803. Una primera pista del descontrol existente sobre la realidad del gasto público en la administración autonómica -no es una desviación de unos miles de euros, sino de 1.130 millones-. La parte principal de esa cifra, además, está en el gasto corriente, precisamente el que más debería de poder ajustarse a la hora de hacer un presupuesto. De hecho, los capítulos de gasto de capital no sólo no aumentan respecto a lo previsto, sino que disminuyen.

La foto de las cuentas autonómicas, al menos la remitida a Madrid, se completa con otros datos que completan el desolador panorama presupuestario autonómico. La deuda no financiera, la que se mantiene con empresas y particulares, supera los 1.648 millones a mes de noviembre -y algunas fuentes la elevaban un mes después por encima de los 2.000 millones -el periodo medio de pago a proveedores superó en marzo los 52 días-. Las 'facturas en los cajones', la denominación coloquial que alude a los gastos realizados sin cobertura presupuestaria y pendientes de incorporar a las cuentas autonómicas, roza los 1.200 millones.

En su Plan de Ajuste, el Consell del Botánico se compromete a incrementar sus ingresos este año en 250 millones gracias, en particular, al aumento de recaudación previsto en el impuesto que grava la actividad inmobiliaria. Y también a reducir sus gastos en otros 192 millones, que se lograrían supuestamente de recortar subvenciones y ayudas, reducir los capítulos inversores y apretar el cinturón a los altos cargos del sector público. Del documento cae, como todos los años, la broma de los 1.325 millones que se esperan obtener de una reforma de la financiación aún sin fecha.

El informe trata de sostener el compromiso del Consell con el cumplimiento del déficit fijado para este 2019 en el 0,1% del PIB. Un objetivo que la AIReF, ese organismo que pretende garantizar el cumplimiento de la Ley de Estabilidad, ya ha advertido que la Comunitat tiene «muy improbable» cumplir -cerró 2018 con un 1,3%-, prácticamente igual que la regla de gasto. «La magnitud del ajuste y la evolución esperada de ingresos y gastos en la comunidad hace que el cumplimiento del objetivo se considere muy improbable», señala el informe.

La entidad que preside José Luis Escrivá, un organismo que se ha ganado un merecido prestigio gracias a sostener posiciones críticas en más de una ocasión con las tesis del Gobierno central, también lanzó una seria advertencia al Consell en uno de sus últimos informes. En el conocido a mediados de abril, en pleno arranque de la campaña electoral autonómico, el mencionado organismo independiente afeó al Botánico que hubiera disparado los presupuestos autonómicos. Y entre sus reproches incluyó la puesta en marcha de À Punt, por llevar a un aumento del gasto del 7% durante dos años consecutivos -un porcentaje superior al del resto de CC AA-.

La AIReF no se quedó en el análisis de las causas. También recomendó al Ministerio de Hacienda que incrementara su vigilancia sobre las cuentas autonómicas ante la elevada probabilidad de incumplir el déficit. Máxime teniendo en cuenta, continúa, que el incremento de los recursos del sistema de financiación previsto es del 5%, y por lo tanto, «muy inferior al estimado por la comunidad en su presupuesto».

Todo este retrato de la realidad económica y financiera de la Comunitat Valenciana es el que componen únicamente los números. No tiene en cuenta ni la falta de productividad ni la ineficiencia, ni aborda la capacidad para prometer ingresos que se sabe positivamente que en un escenario de incertidumbre internacional -mucho más cercano a la recesión que a la estabilidad- difícilmente se cumplirán.

Y todo este retrato contrasta con otra circunstancia. El nuevo Botánico, la repetición de la fórmula a tres -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- de la pasada legislatura al frente de la administración autonómica ha puesto rumbo justo en la dirección contraria a la propuesta por Hacienda, a la que advierte la AIReF y a la recomendaría el sentido común.

Primero fue el número de consellerias -que llegó a plantearse hasta 15 y que sólo se frenó ante el amago de escándalo que generó-. Después ha venido el aumento de altos cargos y asesores, justificado sin más reflexión intelectual en el hecho de que el PP gastó más.

Y lo próximo que llegará será la puesta en marcha de nuevos organismos: La Agencia de Cambio Climático, la Agencia Valenciana de Energía, el Centro de Control de Contaminación Atmosférica, el Observatorio Valenciano de Migraciones, la Oficina Valenciana de Atención a Personas Refugiadas, la Oficina de Control de la Demora (en las listas de espera), el Museo de Diseño Valenciano, el Consell Agroalimentario Valenciano y la Oficina de Simplificación Administrativa. Estos son únicamente los que figuran en el acuerdo programático del nuevo Botánico. Se sumarán a los que ya forman parte del conglomerado de entes y sociedades que componen el sector instrumental -el mismo que el Plan de Ajuste también promete reducir-.

Una apuesta, en definitiva, por el crecimiento del aparato administrativo que va justo en dirección contraria a las exigencias de mayor control y vigilancia de las cuentas autonómicas que llegan desde Madrid. El presidente Ximo Puig aseguró esta semana que el aumento de altos cargos y asesores no suponía «problema para la economía». Está por ver que aporten alguna solución a unas finanzas que se sostienen gracias a unos pocos alfileres.