Otra denuncia contra la delegada del Gobierno por la falta de medios de protección para los policías

La presión judicial se intensifica contra los responsables políticos de la gestión de la pandemia. Un grupo de abogados, compuesto por más de una decena de profesionales, han presentado otra denuncia en el juzgado de guardia contra la delegada del Gobierno, Gloria Calero, por no proporcionar los medios de protección necesarios a los policías y guardias civiles de la Comunitat. Se trata de la misma iniciativa que hace tan sólo unos días se emprendió contra el alcalde Joan Ribó, pero en ese caso relacionada con las carencias de los agentes de la Policía Local.

La denuncia, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, pone en conocimiento de la autoridad hechos que podrían constituir un delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Así, aparte de reclamar la declaración de la responsable gubernamental, solicitan al juez que encargue toda una serie de informes para conocer el detalle de cuántos medios de protección (trajes, mascarillas, productos desinfectantes y guantes) se encontraban en dependencias policiales. Del mismo modo, piden que se aporte el plan de prevención de riesgos para estos efectivos. Además, consideran que para aclarar lo acontecido sería necesario conocer todas las comunicaciones que recibió la Delegación de Gobierno relacionadas con el Covid-19 así como los mensajes que se emitieron desde el departamento que dirige Calero.

La denuncia no está por el momento respaldada por agentes perjudicados directamente por la pandemia. Lo que los abogados persiguen es que tras el retorno a la normalidad, el juzgado al que le corresponda este asunto abra unas diligencias a las que ya se irían sumando todos aquellos que se consideren afectados por la gestión de la emergencia.

Los policías y guardias civiles son otro de los colectivos que más expuestos han estado a un contagio debido a su trabajo diario, en contacto por obligación con otras personas, y la falta de medios de prevención.

Existen otras denuncias que también persiguen la depuración de responsabilidades, aunque en este caso no están orientadas a la falta de equipos de protección sino a la inacción del Gobierno central, el autonómico y el local los días previos a la declaración del estado de emergencia.

El letrado que firma esta iniciativa, Mariano Lorente, sostiene que los dirigentes políticos conocían la gravedad de la pandemia, su elevado índice de contagio y su mortalidad y, sin embargo, no adoptaron iniciativas para frenar el riesgo. Todo lo contrario. La mascletà y otros eventos falleros se siguieron celebrando.